El Gobierno celebra los resultados positivos de la producción y exportación de gas licuado de petróleo (GLP), al tiempo que justifica una serie de medidas aplicadas sobre el mercado interno que derivaron en fuertes subas en el precio de las garrafas. Se trata de un combustible utilizado por millones de hogares —muchos de ellos de bajos ingresos— que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

 

Durante su presentación en un seminario internacional de GLP, organizado por la Universidad Austral, el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, trazó un panorama de la situación actual del sector bajo el lema “De Argentina hacia el mundo”.

 

El funcionario destacó que la producción nacional de gas licuado de petróleo alcanzó en 2025 los 3 millones de toneladas, el nivel más elevado de las últimas dos décadas. Este salto productivo permitió destinar al mercado externo cerca de 1,6 millones de toneladas y generó ingresos por aproximadamente 700 millones de dólares.

 

 

Además de consolidar la oferta destinada a compradores tradicionales de la región, como Brasil, Chile y Paraguay, la producción argentina comenzó a abrirse paso en el mercado asiático. Luego de enviar las primeras 22.000 toneladas a la India en 2025, durante el primer trimestre de 2026 se despacharon otras 50.000 toneladas desde la terminal de Bahía Blanca hacia ese destino. De acuerdo con las proyecciones del sector, el desarrollo de la infraestructura para el transporte de líquidos permitirá que las exportaciones de GLP superen los 2.000 millones de dólares anuales hacia 2030.

 

Estos indicadores positivos en el frente externo conviven con la realidad del mercado doméstico. A partir de datos del Censo 2022, Veller detalló que cerca de 20 millones de personas en la Argentina utilizan principalmente garrafas para cocinar, con el envase de 10 kilos como formato predominante. Además, más de un tercio de los hogares del país no está conectado a la red de gas natural. En varias provincias del norte argentino, esta dependencia constituye la regla general, dentro de un mercado interno que mantiene una demanda estable de entre 1,15 y 1,30 millones de toneladas anuales.

 

Al analizar el marco regulatorio, el subsecretario sostuvo que el esquema de intervención estatal vigente al asumir el actual Gobierno —que incluía precios máximos administrados, cupos de abastecimiento y autorizaciones lentas— había debilitado las inversiones y encarecido la logística. En ese sentido, señaló que se impulsaron una serie de medidas orientadas a recortar subsidios y eliminar los precios de referencia.

 

Desde su perspectiva, la reforma encarada por el Gobierno buscó reducir la burocracia y concentrar el rol del Estado en la fiscalización de la seguridad y la trazabilidad de los envases. Al mismo tiempo, eliminó los controles de precios para que estos se determinen de acuerdo con la oferta, la demanda y los costos logísticos reales, con la garantía de priorizar el abastecimiento interno.

 

 

 

En materia de asistencia social, Veller remarcó que el nuevo esquema separó el precio económico del producto del subsidio estatal y reorientó el Programa Hogar hacia transferencias directas destinadas a las familias vulnerables que cumplen con los requisitos de acceso.

 

Sin embargo, distintos estudios del sector advierten que, desde diciembre de 2023, el precio de la garrafa de 10 kilos aumentó más de un 800%. Esta situación afecta especialmente a los hogares de menores ingresos, debido a que también se redujo la cantidad de garrafas entregadas a precio subsidiado.