La Secretaría de Energía dispuso en la programación trimestral agosto-octubre que a los clientes de esas distribuidoras se les comiencen a facturar los “costos asociados” por la convocatoria Alma GBA, impulsada por el Gobierno para reducir los cortes en los picos de consumo.
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Con el inicio de la operación comercial de las primeras baterías que impulsó el Gobierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se conoció el impacto que tendrán en las facturas de los usuarios de Edenor y Edesur.
En la Resolución Nº190 de la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, que aprobó la Reprogramación Trimestral de los precios mayoristas de la energía para el período agosto-octubre, se establecieron los valores unitarios correspondientes a los costos asociados a los contratos celebrados en el marco de la Convocatoria “Almacenamiento AlmaGBA”. El artículo 5 de dicha norma aclara que dichos valores serán aplicables a partir del mes en que CAMMESA otorgue la habilitación comercial a las respectivas instalaciones y de conformidad con los procedimientos tarifarios que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).
En el anexo 4 de la resolución se detalla, en un cuadro, que los usuarios de Edenor y Edesur deberán abonar, respectivamente, $2.739 y $2.528 por MWh en concepto de “costos asociados” a los contratos celebrados en el marco de la convocatoria Alma GBA, mediante la cual se licitó y contrató la instalación de baterías tipo BESS para reducir los cortes de suministro ante los picos de demanda.
De acuerdo con cálculos de El Post Energético, el repago de las baterías implicará un adicional de $2.261 para un usuario de Edenor con consumos de 650 kWh mensuales, mientras que para uno de consumo medio el impacto será de $1.044. En tanto, para el caso de Edesur, el recargo alcanza los $2.087 para consumos altos y $963 para consumos medios.
El año pasado el Gobierno adjudicó a 10 empresas 713 MW de potencia en estos dispositivos de almacenamiento en el AMBA. Los oferentes debían afrontar la construcción e instalación de las baterías, pero el contrato les garantiza una remuneración —ya sea que entreguen energía o no— que permite su repago y una ganancia.
La utilización de este tipo de baterías no tiene antecedentes en nuestro país. Si bien se usan en muchos lugares, su fin es estabilizar la tensión, mientras que las autoridades argentinas buscan que en los picos de alta demanda cubran la falta de potencia.
Semanas atrás la Secretaría de Energía oficializó la adjudicación de la licitación Alma SADI para la incorporación de sistemas de almacenamiento en el interior, por un total de 700,5 MW. El repago de esos equipos se repartiría entre usuarios de todo el país, a pesar de que regiones enteras, como la Patagonia, no tienen ningún proyecto, e incluso provincias como Formosa denunciaron discriminación.
