En un contexto sin obras de transporte ni generación eléctrica, el Gobierno vuelve a apostar por medidas paliativas, con las que busca evitar situaciones de colapso en los picos de demanda, como ocurrió a fines del año pasado. La secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, anunció una nueva convocatoria para instalar baterías en el interior del país por unos 700 MW. 

Mediante la resolución Nº50/2026, se dispuso la licitación de ALMA SADI para replicar en el interior del país lo realizado en el AMBA, con la instalación de las baterías BESS, aunque se excluyó a las regiones del Comahue y la Patagonia. 

La nueva convocatoria es por 700 MW adicionales repartidos en: Buenos Aires: 150 MW, Región Centro 100 MW, La Pampa 50 MW, Litoral 220 MW, NEA: 220 MW y NOA 120 MW. Los oferentes deberán asegurar la provisión de la energía durante 4 horas consecutivas. 

Desde la cartera energética destacaron que la medida busca fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir interrupciones del servicio, especialmente durante picos de demanda, a la vez que estimaron una inversión de 700 millones de dólares. 

Una diferencia central es que además de realizar la licitación, CAMMESA -la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista- también será el off taker de la potencia de las baterías. En la contratación para Buenos Aires y el conurbano, los “compradores” fueron Edenor y Edesur, aunque la empresa mixta de despacho tuvo que dar garantías a último momento para evitar que se cayera el proceso.

En tanto, el precio máximo de remuneración será de  12.500 USD/MW-mes y tendrán adicionales a través de un Factor Anual de 1,3 para 2026, 1,25 para 2027. Además, se pagarán 10 USD/MWh por la energía suministrada y un costo de 20 USD/MWh por las pérdidas asociadas.

Otro cambio respecto de ALMA GBA es que se  agregan 5 USD/MWh por regulación primaria de frecuencia. Según datos de CAMMESA, esta nueva licitación le sumaría 0,7 USD/MWh a los costos del sistema (1% de los costos MEM), que serán asumidos como “Servicio de Reserva de Confiabilidad a cargo de toda la demanda del MEM, es decir que tendrán impacto en las facturas que pagan todos los usuarios. 

El año pasado el Gobierno adjudicó a 10 empresas 713 MW de potencia en estos dispositivos de almacenamiento en el AMBA. Los oferentes deben afrontar la construcción e instalación de las baterías pero el contrato les garantiza una remuneración, ya sea que funcionen o no, que permite su repago y una ganancia. Las primeras deberían entrar en operación en los próximos meses. 

La utilización de este tipo de baterías no tiene antecedentes en nuestro país. Si bien se usan en muchos lugares, su fin es estabilizar la tensión –grid forming-, mientras que las autoridades argentinas buscan que en los picos de alta demanda cubran la falta de potencia.