La secretaria María Tettamanti se expresó en favor de la modificación de la norma que vence a fin de año para garantizar la estabilidad y volvió a ratificar las obras de transporte eléctrico aunque sin precisar plazos.
31 de octubre de 2025
La secretaria María Tettamanti se expresó en favor de la modificación de la norma que vence a fin de año para garantizar la estabilidad y volvió a ratificar las obras de transporte eléctrico aunque sin precisar plazos.
Luego de las elecciones nacionales, en las que el oficialismo logró un resultado mucho mejor del que esperaba, en el Congreso se retomó el debate sobre los temas más urgentes del sector energético. La secretaria de Energía, María Tettamanti, expuso en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados la posición del Gobierno sobre la Ley de Energías Renovables, una norma clave que vence a fin de este año.
La funcionaria se mostró a favor de la modificación de la Ley 27.791 y recordó que se dictó hace 10 años cuando la situación “ameritaba un fomento muy amplio” porque los costos eran pocos competitivos. “Fue bueno el resultado, ya que hoy más del 17 por ciento es renovable y se va a alcanzar la meta del 20 por ciento a mediados del 2026”, detalló.
No obstante, Tettamanti consideró que la situación actual es diferente: “La tecnología ha avanzado reduciendo los costos por lo que hay una serie de ítems que no tiene sentido extender más allá del 31/12/2025”, que es cuando termina la vigencia de la actual. “Es importante mantener la estabilidad y la previsibilidad tributaria. Es necesario extender por 20 años la seguridad que tengan todos los proyectos existentes y los que se vayan a construir de no tener nuevas cargas impositivas”, señaló la secretaria.
En esa línea, la ex ejecutiva de Camuzzi resaltó que hoy las energías renovables “están en perfectas condiciones para competir con otras tecnologías y lo están haciendo” por lo que “no creemos que sea necesario dar un beneficio adicional a la estabilidad tributaria”.
En el encuentro también se expresó Martín Brandi, CEO de la empresa PCR, como presidente de la Cámara Argentina de Energía Eólica. “Esta Ley permitió inversiones por más de 9 mil millones de dólares desde 2015 atravesando varios gobiernos”, destacó el ejecutivo y recordó que en casi todas las provincias del país hay proyectos renovables -de todo tamaño de empresas- un mérito que atribuyó a que la norma no requiere contar con potencia firme para ser generador.
En línea con la posición del Poder Ejecutivo, Prandi sostuvo que el sector no necesita beneficios fiscales sino estabilidad tributaria y reglas claras y duraderas. “Las energías renovables están creciendo en el MATER, donde un productor y un generador negocian sin intervención del Estado”, ejemplificó.
“Los grandes consumidores de energía del país contratan un 50 por ciento de energía renovable y todos los grandes industriales han hecho inversiones en renovables, como Aluar, YPF, Techint. Acindar”, prosiguió y luego sentenció: “Es fundamental para la industria la renovación de la ley, en particular lo que hace a la estabilidad”.
La falta de capacidad del sistema de transporte, un problema tanto para el abastecimiento de la demanda del AMBA como para el desarrollo de nuevos proyectos renovables también se metió en el debate, a partir de un planteo de la diputada Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos.
Sin novedades ni precisiones, Tettamanti reiteró que luego de definir cuáles son las líneas eléctricas prioritarias, el Gobierno trabaja en una licitación bajo el esquema de concesión de obra pública para que un privado las lleve adelante. “Hemos definido los proyectos más relevantes, como el que permite ampliar la capacidad de transporte para transformar más energía para abastecer Buenos Aires y el GBA, donde estamos al límite de capacidad: de 11000 MW de potencia que se consumen en el pico unos 7000 se pueden importar y el resto tienen que ser generados en zona”.
Los otros tendidos eléctricos en los que busca avanzar el Gobierno apuntan a incrementar la generación renovable, como la línea Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins que vincula Cuyo y el Comahue, y la de Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, además de Viboratá-Plomer. “Va a haber una licitación que va a llevar a cabo el Estado Nacional pero apostamos a que la inversión la haga el sector privado”, destacó la funcionaria.
A su turno, Brandi coincidió con el cuello de botella es el transporte por falta de inversiones y recordó que en los proyectos renovables hoy en marcha una parte muy significativa tiene obras de transporte a cargo del generador, lo que suma costos que afectan la factibilidad de los parques por lo que debería haber algún incentivo porque finalmente quedan para el Estado.
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