El Gobierno de Javier Milei prepara un cambio trascendental para el sector nuclear: iniciará la privatización del 44 por ciento de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que comanda las 3 centrales de potencia con que cuenta nuestro país. Otro 5 por ciento iría para los empleados, mediante un programa de Propiedad Participada (PPP).

De acuerdo a versiones periodísticas, es inminente la firma del decreto por el cual se dará comienzo al proceso de venta de parte de la compañía creada en 1994, cuando el entonces presidente Carlos Menem intentó -sin éxito- que ingresen capitales privados a NA-SA. 

Previamente, el Gobierno exceptuó a la compañía que preside el ex asesor presidencial Demián Reidel de una norma que prohíbe a las empresas eléctricas de mayoría estatal tener mayores ingresos a los necesarios para recuperar costos operativos, mediante un artículo del Decreto 450/2025. En el primer trimestre de 2025 acumuló ganancias por 17 millones de dólares, algo nada desdeñable. 

En la actualidad, NA-SA lleva adelante importantes proyectos con financiamiento estatal, como la extensión de vida de la central Atucha I, con un costo estimado de 725 millones de dólares y comenzó hace casi un año. El proyecto lleva un avance del 40 por ciento y se supone que concluirá para el segundo trimestre de 2027. 

La otra obra relevante que lleva adelante la empresa es la instalación de un almacenamiento en seco para elementos combustibles ya utilizados, algo fundamental para poder continuar con las operaciones de Atucha II. Se trata de una inversión de 173 millones de dólares que tiene un 30 por ciento de avance y cuyo primer módulo debería estar listo en dos años. 

Ambos proyectos se vienen financiando con emisión de valores representativos de deuda respaldados en los contratos de venta de energía con CAMMESA, aunque no cubre la totalidad de las necesidades financieras de los proyectos. Si bien la empresa tiene un crédito vigente para este año en el presupuesto nacional de $216.606 millones, a la fecha no le han transferido nada.

En este panorama, la posibilidad de que una empresa privada ponga en dinero necesario tampoco parece sencilla: Atucha I tiene más de 50 años y Embalse más de 40. Asimismo, Atucha II fue iniciada en 1984 y paralizada en los años ‘90, hasta que en 2006 se reactivó y está en funcionamiento desde 2014.

Por otra parte, si bien se trata de activos con varias décadas, muchos consideran una mala idea entregarlos a un privado porque garantizan el abastecimiento energético y como industria tiene un fuerte derrame en el complejo tecnológico industrial nacional, algo que podría perderse si se privatiza. 

En 2024 alcanzó su récord máximo de generación de energía producto del tiempo que las tres centrales funcionaron en forma simultánea, algo que por diversos problemas y la extensión de vida de Embalse, no había ocurrido antes. 

El capital accionario de NA-SA está repartido entre: 79 por ciento Estado Nacional (Secretaría de Energía), 20 por ciento la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1 por ciento restante está en manos de Enarsa.