A dos meses de anunciar con bombos y platillos el llamado a licitación, el proyecto de expansión del transporte eléctrico AMBA I sigue trabado por la falta de garantías y de definiciones clave para los oferentes. Con el objetivo de despejar esas incógnitas, funcionarios del Gobierno presentaron hoy la iniciativa en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

El encuentro fue encabezado por el viceministro de Energía, José Luis Daza, acompañado por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti. Según una publicación de la Secretaría de Energía, en el auditorio había inversores nacionales e internacionales, además de embajadores. Sin embargo, no se precisó quiénes eran ni cómo fueron convocados.

 

Los pliegos de la licitación establecen una concesión de obra pública por la cual el adjudicatario deberá construir y operar las líneas durante 15 años para recuperar la inversión. También incluyen una garantía del BID para respaldar el contrato de concesión y facilitar que la empresa a cargo de las obras consiga financiamiento para iniciar el proyecto a una tasa razonable, algo que hoy no es posible en el mercado de capitales debido a la elevada prima de riesgo de Argentina.

 

La semana pasada, Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica, anticipó que el directorio del banco aprobaría las garantías en octubre. Sin embargo, sus declaraciones también dejaron en evidencia los problemas que arrastra el proceso de una obra clave para superar los cuellos de botella en el abastecimiento eléctrico de Buenos Aires y el conurbano.

 

 

Para completar los anticipos, el Gobierno también aportará USD 55 millones provenientes de los recursos que CAMMESA obtiene por exportaciones de energía. A eso se sumará la entrega de transformadores monofásicos para la etapa I del proyecto.

 

Varios asuntos pendientes

 

Por la complejidad del proceso y la falta de antecedentes recientes que sirvan de referencia, la licitación todavía tiene algunas definiciones clave pendientes. La más importante es que aún no se informó cuál será la tarifa máxima para ofertar la remuneración que recibirá el adjudicatario.

 

En la misma línea, las autoridades deben establecer quiénes serán los beneficiarios finales de las obras y cómo se distribuirán los costos. Entre ellos figuran los usuarios de todo el país, por la mejora en el transporte troncal; los de la provincia de Buenos Aires; y las distribuidoras del AMBA.

 

El cronograma establece que la apertura del sobre I, con los antecedentes de los interesados, deberá realizarse a principios de diciembre. Luego, en una fecha aún por definir, se abrirán las propuestas económicas y se avanzará con la adjudicación y la firma del contrato.

 

El proyecto AMBA I incluye 270 km de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV; una nueva estación transformadora en Plomer (500/220/132 kV); sistemas de compensación reactiva (STATCOM), y obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área. 

 

La inversión estimada es de USD 800 millones. Según estimaciones oficiales, las obras permitirán ampliar en aproximadamente 2.000 MW la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el AMBA. El adjudicatario también podrá ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El contrato establece un plazo máximo de 52 meses, aunque la habilitación de los tramos podrá ser escalonada.