La Secretaría de Energía dispuso el “reordenamiento” de una cuenta para obras eléctricas con un saldo US$110 millones, que serán destinados como anticipo financiero para el proyecto AMBA I, pese a que el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había asegurado que la obra no requeriría aportes estatales.
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Las dificultades para conseguir financiamiento privado para obras de transporte eléctrico —clave para resolver las actuales limitaciones del sistema— llevaron al Gobierno a disponer un cambio en la gestión de un fondo específico para asegurar los recursos para el demorado Proyecto AMBA I.
Mediante la Resolución 201/2026, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, instruyó un reordenamiento del régimen de financiamiento de obras transmisión que estaban bajo la “Cuenta de Exportaciones”, cuyos ingresos iban a ser destinados para obras de infraestructura. Se trata de un fondo que cuenta con un saldo de 110 millones de dólares, provenientes de las exportaciones de energía de energía eléctrica.
En los últimos meses, CAMMESA -empresa mixta que se ocupa del despacho de energía- y funcionarios de la cartera energética comenzaron a explorar la posibilidad de aplicar esos recursos al Proyecto AMBA I, a pesar de que el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, había asegurado que la obra —valuada en unos 1.000 millones de dólares— sería impulsada íntegramente por el sector privado, bajo un esquema de concesión y sin costo para las arcas públicas.
El Proyecto AMBA I es clave para superar las limitaciones que tiene una región que concentra cerca del 40% del consumo del país, que no puede traer más energía desde otras ni aumentar la capacidad de sus usinas. La iniciativa comprende la construcción de una nueva estación transformadora Plomer, la ampliación de la 25 de Mayo y la adecuación de las estaciones transformadoras Atucha, Ezeiza, General Rodríguez, Mercedes, Luján, Zapalorto y Pantanosa, además de la construcción de las líneas asociadas.
El Gobierno decidió en 2024 dar de baja la posibilidad de que sea financiado por bancos chinos y desde entonces busca recursos para ejecutarlo mediante el esquema de “concesión de obra pública”, a partir del cual una empresa privada se hace cargo de financiar el proyecto y luego obtiene un repago por parte de los beneficiarios. El problema es que el concesionario no puede comenzar a cobrar la tarifa hasta que la obra esté terminada.
Ante este escenario, Tettamanti intentó implementar un mecanismo de “estampillado previo”: un recargo en las facturas de los usuarios para comenzar a pagar la obra antes de su finalización, algo que resultaría contrario a las normas que regulan los servicios públicos.
En paralelo, las autoridades gestionaron una garantía del BID por 200 millones de dólares, que en última instancia respalda el Estado Nacional, para que el oferente pueda gestionar financiamiento. Como requisito para ese préstamos, a fines de julio Energía convocó a una consulta pública, que no tiene efectos vinculantes.
En los últimos meses, tanto González como el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, anunciaron el inminente llamado a licitación que todavía no se concretó.
Al derogar las asignaciones previas de la Cuenta de Exportaciones de CAMMESA, que financiaban el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional, el Gobierno liberó una caja de unos 110 millones de dólares. Esos fondos, que no tendrían naturaleza presupuestaria y se alimentan de las ventas de energía al exterior, funcionarían como un anticipo para que el ganador de la licitación pueda iniciar los trabajos. No está claro si la empresa adjudicataria deberá reintegrar esos recursos una vez finalizada la obra ni bajo qué condiciones se otorgaría el anticipo.
Otro aspecto polémico de la medida es su posible sesgo centralista, ya que se optaría por destinar todos los fondos disponibles en un proyecto para Buenos Aires, dejando de lado las necesidades de otras regiones.
La obra tiene un plazo de ejecución de 48 meses pero quien se quede con el proyecto tendrá la posibilidad de comenzar a cobrar parcialmente en la medida que se vayan completando los hitos del proyecto.
