El OCEBA le inició un sumario administrativo a la distribuidora del Grupo DESA tras el incendio en la Estación Transformadora Tolosa, que dejó a más de 61 mil usuarios sin luz. Le exigen información técnica clave en un plazo de 24 horas y advierten por severas penalidades económicas, en tanto los usuarios damnificados quedan eximidos de abonar la factura en curso.
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El grave incidente eléctrico registrado en la madrugada del pasado 17 de agosto de 2026 volvió a poner en evidencia el estado de la infraestructura eléctrica en la capital bonaerense. Un incendio de gran magnitud en la Estación Transformadora Tolosa, propiedad de la distribuidora Edelap, destruyó la sala de celdas de media tensión y provocó severos daños estructurales en las instalaciones ubicadas en la calle 528. En el pico más crítico del evento, unas 61.521 familias y comercios de La Plata y alrededores quedaron a oscuras, afectando de forma directa al casco urbano de la capital provincial y a los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández, Gonnet, Ensenada y Lisandro Olmos.
Ante la gravedad del colapso, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) formalizó el inicio de un procedimiento sumarial contra Edelap con el objetivo de profundizar la investigación administrativa, esclarecer las causas de la explosión y determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan según el marco regulatorio.
Como parte de esta investigación, la autoridad de control intimó a la empresa a presentar documentación técnica sumamente detallada en un plazo perentorio de 24 horas. Entre las exigencias de OCEBA figura el registro cronológico de la actuación de las protecciones involucradas a partir del sistema SCADA, abarcando las seis horas previas al evento; la totalidad de las constancias de mantenimiento de la Estación Transformadora vinculadas con las instalaciones siniestradas y los informes sobre cualquier intervención de personal técnico en el lugar antes de la explosión.
La empresa también deberá adjuntar los resultados de los ensayos realizados sobre los tres transformadores afectados en el recinto y los registros fílmicos de las cámaras de seguridad internas y externas del día del siniestro.
Toda esta información será clave para determinar si existieron fallas operativas o negligencia que hayan contribuido al colapso. En paralelo, el organismo coordinará con la Dirección Provincial de Defensa Civil y con el fiscal Juan Ignacio Menucci (a cargo de la UFI Nº 5 de La Plata) para incorporar las pericias judiciales al expediente administrativo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, dispuso medidas inmediatas para los afectados. El OCEBA dictaminó que aquellos usuarios residenciales y comerciales que sufrieron cortes prolongados del suministro quedarán completamente eximidos de pagar la factura de luz del período en curso.
Adicionalmente, Edelap estará obligada a compensar económicamente a los usuarios afectados tanto por el tiempo transcurrido sin servicio como por las pérdidas materiales individuales que el corte les haya ocasionado. Para esto, la distribuidora deberá implementar un procedimiento ágil de reclamos, bajo apercibimiento de que los usuarios acudan de forma directa al OCEBA ante cualquier incumplimiento en los pagos. Si bien no trascendieron montos, se estima que entre multas y compensaciones Edelap deberá hacer frente a una suma millonaria.
Aunque de momento la hipótesis principal apunta a una falla técnica ligada al sobrecalentamiento de un transformador, especialistas del sector denuncian de forma categórica un profundo déficit en el mantenimiento preventivo y errores graves de gestión por parte de la empresa, señalando puntualmente la falta de personal capacitado en las instalaciones de Tolosa.
La sospecha de desinversión vuelve a poner la lupa sobre las finanzas del holding eléctrico. Edelap, que forma parte del Grupo DESA conducido por el empresario Rogelio Pagano, arrastra una millonaria deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que asciende a los 120 millones de dólares. Según datos oficiales informados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, la distribuidora platense cobró puntualmente a los usuarios el costo de la energía en sus boletas, pero omitió girar dichos fondos a la operadora mixta del despacho eléctrico.
Esta conducta financiera no es un hecho aislado: el grupo de Pagano replica esta práctica a través de sus otras controladas —EDEA, EDEN, EDES y EDESA—, acumulando un pasivo conjunto con CAMMESA de 474 millones de dólares.
El debate sobre estas deudas cobra una fuerte dimensión política a nivel nacional. Actualmente, el Congreso debate un proyecto de “reformas energéticas” impulsado por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. El proyecto contempla un polémico mecanismo de condonación de estas deudas bajo el argumento de que el Estado les adeuda fondos a las distribuidoras por congelamientos tarifarios previos. Para sumar suspicacias, el encargado de instrumentar este beneficio estatal sería el actual subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, quien se desempeñó anteriormente como director de suministros del propio Grupo DESA y como gerente general de Eden.
