Una de las constructoras más emblemáticas de la obra pública en Argentina formalizó su concurso preventivo con acreedores. Se trata de Esuco, por años dirigida por Carlos Wagner, quien también fue figura central de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

La convocatoria fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°28, a cargo de Diego M. Paz Saravia, según se publicó en el Boletín Oficial de Santa Cruz, provincia de origen de la empresa. El motivo principal es la asfixia financiera derivada, en gran parte, del desplome de la inversión pública desde la llegada del gobierno de Milei y de un conflicto prolongado con Enarsa por contratos hoy paralizados.

Uno de los focos del conflicto es la reversión del Gasoducto Norte, obra diseñada para permitir el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el noroeste argentino y sustituir importaciones desde Bolivia. Esuco tenía a su cargo el cambio de sentido de flujo de cuatro plantas compresoras: dos en Córdoba y las otras en Santiago del Estero y Salta.

Si bien el Gobierno inauguró la primera etapa del proyecto a fines de 2025, los trabajos en las compresoras —fundamentales para sumar 4 millones de m3 diarios al sistema— quedaron inconclusos. Según registros, los avances oscilan entre 35% y 75%.  Esuco abandonó las tareas por falta de pago, dejando el proyecto en un limbo operativo.

La crisis de la empresa también alcanza obras complementarias del ex Gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno), como la planta compresora Mercedes. El ajuste fiscal del Ejecutivo, que incluyó un recorte de $200.000 millones en gastos de capital para Enarsa mediante la Decisión Administrativa 20/2026, redujo drásticamente las posibilidades de financiamiento para estas obras.

En Enarsa, dirigida por Tristán Socas (vinculado a Santiago Caputo), las críticas se enfocan en Alejandro Barrientos, director de obras, quien ingresó impulsado por Rigoberto Mejía Aravena, ejecutivo de origen chileno que asumió como subgerente general al inicio del gobierno de Milei. “Su inoperancia está llevando a la quiebra a una empresa histórica”, señalan en el sector, y advierten que grandes contratistas como Techint, SACDE y BTU enfrentan problemas con Enarsa porque no firman la recepción definitiva de las obras del Gasoducto Perito Moreno ni de la reversión del Gasoducto Norte. 

“No quieren cerrar los proyectos para extender su estadía rentada y bien paga en Enarsa”, dice un ex empleado estatal en referencia a un grupo que también integra a Guillermo Mastricchio, Oscar Álvarez y Horacio Amartino, quienes ocuparon distintos roles en la gestión y seguirían cobrando como asesores.

La situación judicial de Esuco

En su presentación judicial, la empresa denunció perjuicios económicos por $3.700 millones solo en el contrato de reversión y estimó que los créditos pendientes vinculados a diversos contratos energéticos superan los $53.900 millones. Estas demoras obligaron a la firma a financiarse con tasas superiores al 100%, lo que volvió insostenible su estructura de costos.

El impacto social es notable: Esuco pasó de tener 397 empleados en junio de 2025 a apenas 70 en abril de 2026, una reducción de más del 80% en menos de un año. En lo financiero, la compañía cerró el ejercicio 2024 con una pérdida de $6.206 millones, frente a ganancias el año anterior.

El proceso concursal (Expediente N° 8.022/2026) establece que los acreedores —más de 800— tendrán plazo hasta el 29 de septiembre de 2026 para verificar sus créditos ante la sindicatura. El período de exclusividad para alcanzar un acuerdo vence el 21 de octubre de 2027, caso contrario se encaminará la quiebra.