El abogado Osvaldo Bassano, especializado en el derecho de los consumidores, advirtió que “los argentinos pagamos, en proporción a nuestros ingresos, la energía más cara del mundo” lo que consideró es “una estafa energética“. 

“Ocurre que el mercado energético es competencia estrictamente nacional, a través de Cammesa, que conducen la secretaría de Energía, María Tettamanti, y Luis Caputo. Frente a esto, es mínimo lo que pueden hacer los gobiernos provinciales o municipales”, explicó en declaraciones periodísticas.

Bassano es presidente y miembro fundador de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y también docente universitario en la materia.

El abogado recordó que “a los problemas de distribución, que ya son conocidos, se suman los de generación, que son responsabilidad de Javier Milei y Mauricio Macri” y explicó que  “en gas el valor real del millón de BTU no debe superar los 2 0 3 dólares, pero lo pagamos 15. El costo del megavatio de electricidad anda por los 15 o 20, pero lo pagamos 100. Entonces, todo el sistema parte de una distorsión”.

Asimismo, Bassano remarcó que el 60 por ciento de la energía eléctrica argentina se genera en base a gas, de ahí la importancia del gasoducto Néstor Kirchner,  pero “después del gasoducto había que construir cinco o seis estaciones de bombeo. No se hizo porque el gobierno paró toda la obra pública. Eso explica una parte importante de la carencia”.

“Si a esto le sumamos que Edesur tiene muchos tramos de cableado que son de la década de 1950, tenemos la tormenta perfecta. No hace falta un día de 40 grados, con una temperatura normal de 28 ya vuela todo por el aire. Edenor tiene el mismo modelo, pero cubre un área más chica y parte de su cableado es más moderno, por eso los reclamos se concentran más en el sur”, señaló el representante de consunidores.

El otro problema serio que identifica Bassano es el marco normativo: “Junto con las privatizaciones, en 1992, se sancionaron la ley del gas y la ley de la electricidad. Esas dos leyes, de alguna manera, le garantizan la rentabilidad a los concesionarios, porque los exime de muchas obras y trabajos de mantenimiento”, explica y proyecta que “sería clave lograr su derogación”. La ley de defensa del consumidor es posterior, pero, se advierte, “se sancionó cuando el daño ya estaba consumado”.