La política energética de Estados Unidos acaba de dar un nuevo giro con la decisión de Donald Trump de cancelar de varios proyectos de energía eólica marina adjudicados durante el gobierno de Joe Biden, destinando miles de millones de dólares a compensar a las empresas involucradas, con el objetivo de redireccionar esas inversiones hacia proyectos de gas natural y otras fuentes consideradas estratégicas por la Casa Blanca.

La medida representa uno de los cambios más significativos en la política energética estadounidense de los últimos años y consolida el abandono de buena parte de la estrategia de descarbonización impulsada por Washington durante la gestión demócrata.

El caso más reciente involucra a la desarrolladora Invenergy, que acordó devolver cuatro concesiones federales para parques eólicos marinos ubicados frente a las costas de Nueva York, California y Maine. A cambio, recibirá US$ 765 millones del gobierno federal, recursos que la compañía utilizará para impulsar centrales de gas natural en estados del Medio Oeste y proyectos geotérmicos en el oeste del país. Según distintas estimaciones, la administración Trump ya comprometió alrededor de US$ 2.600 millones para cancelar o recomprar concesiones vinculadas a la eólica offshore.

La decisión se inscribe dentro de una estrategia energética más amplia basada en la expansión de la producción doméstica de petróleo y gas, bajo el lema de “dominancia energética” promovido por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Durante los primeros meses de su mandato, la administración republicana suspendió nuevos permisos y concesiones para desarrollos eólicos marinos y revisó numerosos proyectos que habían sido aprobados por Joe Biden. Algunos de ellos incluso terminaron judicializados debido a las interrupciones regulatorias.

La nueva política contrasta con los objetivos fijados por la administración anterior, que buscaba convertir a la eólica marina en uno de los principales motores de la transición energética estadounidense, con metas de expansión de capacidad hacia finales de esta década. La eólica offshore era considerada una de las tecnologías clave para abastecer de energía limpia a las grandes áreas urbanas de las costas este y oeste de Estados Unidos.

Diversos especialistas del sector consideran que la cancelación de proyectos y la incertidumbre regulatoria podrían ralentizar las inversiones en energías renovables y afectar el desarrollo de una cadena industrial que había comenzado a consolidarse alrededor de la fabricación de componentes, infraestructura portuaria y servicios especializados.

La decisión también genera interrogantes sobre el cumplimiento de los objetivos climáticos estadounidenses y sobre la velocidad con la que el país podrá avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Al mismo tiempo que Estados Unidos reduce su apuesta por la eólica marina, Europa mantiene sus planes de desarrollo de la offshore liderados por Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Países Bajos, y en paralelo China continúa incorporando nueva capacidad a gran escala y ya se ubica entre los mayores mercados eólicos marinos del mundo.

En ese contexto, diversos analistas advierten que la política energética de Trump podría generar una pérdida de liderazgo tecnológico estadounidense en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de las energías renovables.

Pero más allá de las discusiones climáticas, el principal beneficiario del cambio de rumbo parece ser el gas natural, ya que la administración Trump considera que ofrece una combinación de seguridad energética, competitividad económica y disponibilidad inmediata para abastecer la creciente demanda eléctrica del país, impulsada por la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial y la electrificación industrial.

Frente a este panorama, organizaciones ambientales y referentes del sector renovable sostienen que sustituir inversiones destinadas a energía eólica por nueva infraestructura gasífera implica prolongar la dependencia de combustibles fósiles y retrasar los objetivos globales de transición energética.

La disputa pone sobre la mesa uno de los grandes debates que atraviesan actualmente al sector energético mundial: cómo equilibrar seguridad de suministro, competitividad económica y reducción de emisiones en un escenario de demanda eléctrica creciente.

Por ahora, la decisión de Washington parece clara: mientras una buena parte del mundo acelera inversiones en tecnologías renovables, el gobierno de Trump apuesta a fortalecer el papel del gas natural como eje de la política energética estadounidense, aun cuando ello implique desacelerar el avance de la transición energética que había ganado impulso durante la última década.