El proyecto enviado por el Gobierno prevé aportes estatales al sector energético por el 0,5% del PBI, la eliminación de la ampliación de las zonas frías y un mecanismo para que las distribuidoras cancelen deudas con CAMMESA.
El proyecto enviado por el Gobierno prevé aportes estatales al sector energético por el 0,5% del PBI, la eliminación de la ampliación de las zonas frías y un mecanismo para que las distribuidoras cancelen deudas con CAMMESA.
Por
Al filo de la fecha límite, el Gobierno nacional giró el proyecto de presupuesto para 2026, que incluyó una cadena nacional del presidente Javier Milei, con un fuerte énfasis en el equilibrio fiscal pero sin mayores detalles.
Del texto se desprenden aspectos centrales para el sector energético. En primer lugar, se estiman subsidios por el 0,5 por ciento del PBI, es decir niveles similares a los de este año y en línea con lo acordado con el FMI.
La parte más grande corresponde a CAMMESA, con casi 2,6 billones de pesos, en su mayoría destinados a cubrir el costo de la energía para los usuarios de menores ingresos. Asimismo, Enarsa recibirá alrededor de 1 billón de pesos para comprar barcos de gas natural licuado para los picos de demanda invernal.
Una de las novedades más relevantes del proyecto oficial es que barre con la ampliación del beneficio por “zonas frías” para los usuarios de gas natural, dispuesto por una Ley en 2021.
En aquella oportunidad, se incorporaron localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Tucumán San Juan, San Luis, La Pampa, y Mendoza al régimen que inicialmente solo incluía las provincia de la Patagonia, La Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
En el artículo 72 del proyecto dispone la derogación de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637 (de ampliación), por lo que unos 3 millones de hogares perderían la compensación, de acuerdo con cálculos privados.
Asimismo, en el artículo 70, establece que el cargo que se cobra al resto de los usuarios para financiar el beneficio será de hasta un 7,5 por ciento sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, por cada me a 9.300 Kc. El mes pasado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo elevó al 6,8 por ciento.
Además, el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación, queda facultado para aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el presente artículo en hasta un cincuenta por ciento 50 por ciento.
Lo más saliente del proyecto de presupuesto es la inclusión de un mecanismo que otorga a las distribuidoras eléctricas la posibilidad de que cancelen deudas con CAMMESA por el Valor Agregado de Distribución (VAD) no otorgado, en el marco del congelamiento tarifario.
El artículo 74 indica que las distribuidoras podrán reclamar los fondos no percibidos “con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los Ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión”.
Analistas del sector recuerdan que en 2017 el gobierno de Mauricio Macri intentó algo similar. Lo llamativo es que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo, cuando en aquella oportunidad fue reclamado por las provincias, que años atrás habían adherido a programas de convergencia de tarifas, a través de los cuales se comprometían a no subir las facturas a cambio de obras.
Sin embargo, estas deudas ya se compensaron en 2021 a través del artículo 87 de la “Ley de Leyes”, en donde se se reconocieron los ingresos no percibidos por el el congelamiento de la pandemia.
Además, llevar adelante un cálculo de esas características para las 24 jurisdicciones, con sus normas y contratos de concesiones resulta “prácticamente imposible”, según un ex funcionario de Energía.
