El Gobierno dispuso un aumento del 2,7% para el biodiésel y del 1,7% para el etanol, que se mezclan con combustibles fósiles, lo que podría impactar en el precio final que pagan los consumidores.
El Gobierno dispuso un aumento del 2,7% para el biodiésel y del 1,7% para el etanol, que se mezclan con combustibles fósiles, lo que podría impactar en el precio final que pagan los consumidores.
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La Secretaría de Energía ajustó los precios de los biocombustibles que se incorporan a los combustibles de origen fósil, en un rango de 1,7% a 2,7%. El aumento llega en un contexto de caída del barril de crudo por expectativas de un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente, lo que podría aliviar a los refinadores locales.
Mediante la resolución 123/2026, con la firma de María Tettamanti, se estableció una suba del 2,7% por tonelada de biodiésel, que pasa de $1.808.425 a $1.858.424. El corte obligatorio que deben realizar las refinerías es del 7,5% del combustible producido. Si bien hay reclamos sectoriales para elevar ese porcentaje, el Gobierno se muestra reticente a hacerlo.
En el caso de las naftas, la resolución 124/2026 aumentó 1,7% el precio del etanol, tanto el elaborado a base de caña de azúcar como el de maíz, que pasan a costar por litro $1.023,15 y $937,75, respectivamente. Para mitigar la suba del precio de los combustibles tras el ataque de Israel y EE. UU. a Irán, en abril el Gobierno autorizó un corte de hasta 15%, lo que implicó un aumento de 3 puntos porcentuales. A diferencia del biodiésel, en el caso del etanol los cupos muchas veces no se cumplen.
La suba en el precio de los biocombustibles es celebrada por los productores, con fuerte presencia en Córdoba y Santa Fe, muchas de cuyas plantas operan con capacidad ociosa. Sin embargo, la medida añade un factor de tensión en los surtidores en un momento en que parecen apaciguarse los efectos del conflicto internacional. Desde YPF ya anticiparon que no piensan bajar el precio de los combustibles, aunque continúe la caída del crudo; el ajuste del biocombustible representa, además, un motivador para mantener los actuales valores.
El Gobierno postergó temporalmente los incrementos en los impuestos a la nafta y al gasoil que originalmente debían aplicarse en junio de 2026. Según el decreto 405/2026, la prórroga busca fomentar la estabilidad económica y un sendero fiscal sostenible al retrasar el impacto de la inflación en los precios de los energéticos. Las actualizaciones pendientes, derivadas de variaciones de precios de años anteriores, entrarán en vigencia recién a partir del 1 de julio de 2026. De esta manera, el gobierno utiliza facultades constitucionales para ajustar el calendario de recaudación de los gravámenes sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.
