El ENRE estableció, sin pasar por audiencia pública, un nuevo esquema de lectura mensual de medidores, pedido por las distribuidoras del AMBA, en medio de versiones de presiones políticas y un trasfondo financiero.
El ENRE estableció, sin pasar por audiencia pública, un nuevo esquema de lectura mensual de medidores, pedido por las distribuidoras del AMBA, en medio de versiones de presiones políticas y un trasfondo financiero.
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Mientras ponía en marcha la reforma del mercado eléctrico, por debajo del radar el Gobierno autorizó un nuevo esquema de facturación mensual para las distribuidoras Edenor y Edesur -que brindan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- en reemplazo del sistema actual de lectura bimestral con facturación en dos cuotas.
La decisión fue ejecutada mediante la resolución 730/2025, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que conduce Néstor Lamboglia, por un pedido de ambas compañías.
Si bien la medida se presentó como un ajuste operativo para mejorar la precisión en los registros de consumo, fuentes del sector advierten que detrás de esta decisión hay un trasfondo financiero y político que incluiría presiones de la secretaría de Energía sobre el ENRE, además de un impacto directo sobre los usuarios.
Hasta ahora, las distribuidoras venían realizando la lectura de los medidores cada dos meses y luego dividían el monto facturado en dos pagos mensuales. Con el nuevo esquema, las lecturas pasarán a hacerse cada 30 días, lo que generará una factura mensual basada en un único período de consumo.
Según la justificación oficial, el objetivo es “mejorar la correspondencia entre consumo y facturación”. Sin embargo, en términos financieros, la modificación “acelera los ingresos de las distribuidoras y reduce los desfasajes de caja, un factor clave en un contexto de tensión tarifaria y de costos crecientes”, según analiza un técnico al tanto de los cambios.
“La decisión, en los hechos, favorece a Edesur, cuya situación financiera es más crítica que la de Edenor, que en cambio manifestó reparos operativos y de costo frente al cambio”, prosigue la misma fuente.
En las oficinas del ENRE se conoce que el propio interventor había manifestado inicialmente su oposición a convalidar la modificación, argumentando que la periodicidad de lectura no fue tratada en la audiencia pública de la RTQ 2025–2030, ni se encuentra prevista en los anexos del proceso tarifario aprobado.
No obstante, según pudo reconstruirse, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, habría condicionado la transferencia de fondos destinados a la unificación institucional del ente con el Enargas, reteniendo partidas clave para sus áreas técnicas y administrativas.
Esa maniobra —interpretada dentro del organismo como una forma de presión presupuestaria— habría revertido la posición inicial del interventor, que finalmente puso su firma en la resolución, sin haberse llevado adelante una nueva convocatoria a audiencia pública.
Edesur informó que durante los dos primeros meses de aplicación deberá realizar estimaciones provisorias de consumo hasta que se complete la sincronización de las nuevas lecturas mensuales, que se basarán en promedios históricos, pero la propia empresa admitió que aplicará un sesgo al alza para evitar desbalances contables, lo que se traducirá en facturas iniciales más elevadas para los usuarios residenciales.
El ajuste posterior —una vez normalizado el ciclo de lectura— podría demorar hasta dos períodos adicionales, generando mayores pagos anticipados y posibles reclamos.
En los hechos, los usuarios recibirán durante la transición una “factura y media”, necesaria para empalmar el esquema bimestral con el mensual, lo que impactará de forma inmediata en el flujo de pagos del sector residencial y comercial.
El cambio de régimen de facturación también puso en alerta a las asociaciones de consumidores. Es que tanto la Ley N° 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico Nacional) y como el Decreto N° 1.172/2003 establecen que toda modificación en las condiciones de prestación del servicio público debe someterse a consulta o audiencia pública, especialmente cuando afecta la relación contractual o los derechos económicos de los usuarios.
En este caso, además, el cambio de periodicidad no fue incluido en la RTQ 2025–2030 ni debatido en la audiencia convocada en marzo de este año. Por lo tanto, su aprobación directa por resolución podría constituir una violación al principio de transparencia administrativa y participación ciudadana, y exponer al ENRE a posibles impugnaciones judiciales o administrativas por parte de asociaciones de consumidores.
La medida de lectura mensual puede ser presentada como una mejora operativa, pero en realidad tiene consecuencias financieras y políticas de alcance estructural.
A corto plazo, beneficia a Edesur, que obtendrá una mayor velocidad de recaudación y podrá recomponer parcialmente su flujo de caja. A mediano plazo, compromete la credibilidad institucional del ENRE, cuya independencia técnica vuelve a quedar en duda frente a las presiones del Poder Ejecutivo.
Más allá de los argumentos técnicos, el episodio confirma una tendencia preocupante en la política energética reciente: las decisiones regulatorias se definen cada vez más por necesidades fiscales y coyunturales, y cada vez menos por el marco normativo y los derechos de los usuarios.
