Casi tres meses después de declararlo de “interés público”, el Gobierno de Javier Milei definió los lineamientos de la licitación de la ampliación del rebautizado gasoducto Perito Moreno, con la novedad de quien gane quedará a cargo de la operación y mantenimiento del caño inaugurado en 2023.

La  obra fue propuesta por la transportista TGS e incluye un incremento de la capacidad del ducto a través de la construcción de nuevas plantas compresoras, lo que a la vista de muchos especialistas implica la suspensión definitiva de la segunda etapa que llevaba a la traza a Santa Fe. 

A través de una resolución del Ministerio de Economía, se ha formalizado la delegación del proceso de licitación a la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, funcionaria hoy relegada de todas las decisiones, mientras que  la ejecución estará a cargo de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la empresa que Milei quiere privatizar.

El proyecto implica sumar 14 millones de metros cúbicos por día de capacidad, a lo que se podrían sumar 6 millones más y la inversión total alcanza los 700 millones de dólares, que se dividen en 500 millones para 3 plantas compresoras y 20 km de loops al Neuba II en la provincia de Buenos Aires por cerca de 200 millones de dólares, que TGS se comprometió a realizar aunque no obtenga la obra. 

TGS es una empresa que tiene como accionistas a Pampa Energía, el grupo de Marcelo Mindlin, y la familia Sielecki, que tuvo una mejora del 700 por ciento en sus ingresos desde la llegada de los Libertarios a la Casa Rosada.

Si bien el proyecto se realizará mediante una licitación pública nacional e internacional, el punto que generó polémica es que quien resulte adjudicatario además de la construcción de las plantas deberá realizar la operación y mantenimiento del caño que une Tratayén y Salliqueló.. Para esto, la norma da de baja la licitación realizada por Enarsa en 2023, por la cual le paga un canon a TGS para realizar esa tarea. 

En cambio, en el nuevo esquema quien gane tendrá la operación y mantenimiento y podría tomar decisiones sobre a quién vender el gas. Un exfuncionario señaló que esta licitación es una “privatización encubierta porque si bien el caño sigue siendo del Estado se lo van a dar a TGS que seguramente va a ganar porque nadie le puede competir, solo ellos tiene bases operativas en toda la traza”. 

Sin embargo, un especialista del sector que prefirió hablar en off rechazó esta postura porque el nuevo régimen no implica la entrega de una licencia. 

La propuesta de TGS se hizo pública al día siguiente de que el Congreso aprobara el Régimen de Inversión a las Grandes Inversiones (RIGI) pero quedó cajoneado. En el mercado muchos lo atribuyen a la cercanía de exfuncionarios de la secretaría de Energía y de Enarsa con una importante empresa constructora y siderúrgica.