Un informe del IAETES revela que la distribuidora incumplió las metas de calidad en 23 de los 24 partidos de su concesión. Mientras el costo para los hogares de bajos ingresos tuvo un fuerte aumento por el cambio en los segmentos de subsidios, en el último semestre la duración de los cortes creció un 50 por ciento respecto al anterior.
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Tras la revisión tarifaria que impulsó el gobierno para el período 2025–2030, el primer año deja un negativo para los usuarios de Edesur. Según un informe del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES), la distribuidora atraviesa una “paradoja regulatoria”: una recomposición tarifaria sin precedentes que convive con un deterioro estructural del servicio técnico.
Los datos del reporte son elocuentes respecto a la suba de tarifas que pagan los usuarios. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, la factura de un usuario de Edesur se multiplicó por 10. Este incremento fue particularmente severo para los sectores más vulnerables tras la eliminación del nivel de subsidio N2 (ingresos bajos); estos hogares pasaron de pagar $15.039 en mayo de 2025 a $24.551 en mayo de 2026, un aumento del 63,3% en solo doce meses.
A pesar de que las tarifas crecieron nominalmente por encima de la inflación, la calidad del suministro no acompañó la suba. El informe del IAETES destaca que el indicador SAIDI (duración promedio de las interrupciones por usuario por semestre) alcanzó las 11,06 horas, muy por encima del límite de 3,81 horas fijado por el ente regulador.
Además, el trabajo señala que Edesur no cumplió con los senderos de calidad en 23 de los 24 partidos y comunas que integran su área de concesión. Otro dato relevante es que mientras que su servicio empeoró un 50,1% respecto al semestre anterior, Edenor logró mantenerse dentro de los parámetros legales en la totalidad de sus distritos. Esta situación se refleja en el volumen de penalizaciones: Edesur concentra el 93,9% de las sanciones aplicadas en el período, acumulando multas por $43.748 millones.
El hallazgo más polémico del informe refiere a cómo la empresa utiliza sus recursos. El IAETES detectó un patrón selectivo: mientras la renovación de las redes de media tensión —clave para evitar que los cortes ocurran— solo se ejecutó entre un 58% y un 72%, la instalación de telemandos se “sobreejecutó” en un 900%.
“Los telemandos sirven para acortar la duración de los cortes una vez que se producen, pero no pueden sustituir la renovación de la infraestructura de red necesaria para evitar que la luz se corte”, advierte el estudio. Esta estrategia permite a la empresa mejorar estadísticamente sus tiempos de respuesta sin resolver la fragilidad de fondo del sistema.
El informe concluye que este escenario vulnera el principio de “razonabilidad tarifaria” establecido en la Ley 24.065 y los derechos de los usuarios protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional, planteando un interrogante sobre la efectividad del control regulatorio actual.
