La modalidad de retener fondos destinados a obras públicas para mostrar un superávit fiscal más robusto tiene una nueva víctima: las represas de Santa Cruz. En diciembre pasado, los bancos chinos que financian el proyecto giraron USD 150 millones como gesto previo a la renegociación del contrato, que finalmente se concretó en marzo.

 

Desde entonces, ese monto permanece depositado en las arcas públicas. Según fuentes del sector, solo se habría realizado algún desembolso mínimo para abonar gastos menores. “Lo último que sé es que las represas no recibieron nada y la plata está en el banco ganando intereses”, señaló a El Post Energético una fuente que conoce de cerca el emprendimiento.

 

Este fin de semana, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, uno de los principales impulsores de la reactivación del proyecto, afirmó que el Gobierno provincial ya “hizo todo lo que tenía que hacer” y sostuvo que solo resta que las autoridades nacionales transfieran a la empresa Gezhouba los fondos enviados por China, uno de los integrantes la UTE a cargo de las represas, que completan Eling -ex Electroingeniería- e Hidrocuyo.

 

Días atrás, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue denunciado, junto con otros funcionarios, por retener más de $1 billón proveniente del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), fondos que, por ley, deben destinarse al Sistema Vial Integrado (SisVial) y al mantenimiento de rutas. De acuerdo con la oposición, el Palacio de Hacienda se quedaría con los recursos para acrecentar el superávit fiscal, uno de los pilares del discurso mileísta, además de un punto central en el acuerdo con el FMI.

 

 

La incertidumbre comenzó a crecer en la provincia. Se había prometido retomar las obras en septiembre, una vez concluida la veda invernal —durante la cual las bajas temperaturas impiden realizar este tipo de trabajos—, pero todavía no se vislumbra ningún movimiento, tanto de compra de insumos como de contratación de personal. 

 

Una negociación larga y complicada

 

En marzo el Gobierno anunció, con bombos y platillos, la firma de un acuerdo para resolver “controversias históricas” y retomar el proyecto. Al mismo tiempo, destacó que la prioridad era reactivar la represa Jorge Cepernic, que presentaba un avance del 46%.

 

A través de un comunicado de prensa, la cartera que conduce María Tettamanti detalló, además, que el contratista había acumulado reclamos por más de USD 700 millones y que, hasta ese momento, se habían ejecutado obras por USD 1.800 millones.

 

En concreto, el directorio de Enarsa aprobó una modificación —la adenda— al contrato original, que estuvo a punto de naufragar por la resistencia de los síndicos. El punto crítico eran los reclamos del contratista por los días “caídos” durante la pandemia y los perjuicios ocasionados por el deslizamiento ocurrido durante la construcción de la represa Néstor Kirchner, la más grande y más atrasada de las dos.

 

En el documento suscripto entre Enarsa y la UTE, al que accedió El Post Energético, se especifica un saldo pendiente de pago de aproximadamente USD 259.555.803,26 a favor del contratista, destinado a resolver diversos reclamos y ajustes de costos. Asimismo, el acuerdo establece la renuncia irrevocable de las constructoras a presentar futuras demandas judiciales por hechos ocurridos antes de julio de 2025, una vez que el comitente abone la totalidad de esa compensación. 

 

 

En el punto siguiente, en tanto, se deja expresamente consignado el giro el 29 de diciembre de 2025 de USD 150 millones que, hasta la fecha, permanecen inmovilizados y sin indicios de que se vuelquen al destino para el que fueron aportados por el China Development Bank, ICBC y Bank of China.

 

Un cambio cosmético

 

En abril, el Gobierno decidió quitarle a Enarsa el control sobre el contrato de las represas de Santa Cruz y transferirlo a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Además, volvió a cambiar el nombre de ambos proyectos por sus “denominaciones originales”: pasaron a llamarse nuevamente “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”.

 

La medida fue similar a la adoptada por el macrismo en 2017, cuando fusionó la ex EBISA y Enarsa bajo la denominación de Ieasa. Tras el triunfo del Frente de Todos, en 2019, las represas habían vuelto a llamarse “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, con el que fueron licitadas en 2012. 

 

 

El estado de las obras

 

Paralizadas desde fines de 2023, las obras actualmente solo cuentan con actividades mínimas de mantenimiento y seguridad. La idea es reanudar las tareas y reactivar paulatinamente el proyecto, sobre todo porque los tiempos necesarios para volver a contratar al personal son extensos: muchos trabajadores regresaron a sus provincias o consiguieron otros empleos.

 

En marzo, la meta del Gobierno era retomar primero La Barrancosa, de 360 MW de potencia, para finalizarla en 2030. De concretarse, la represa podría aportar 1.860 GWh al Sistema Argentino de Interconexión, aunque ese objetivo parece cada vez menos probable.

 

Peor suerte corre la rebautizada Cóndor Cliff, de 950 MW, que actualmente presenta un avance del 20% y pocas certezas sobre su futuro.