El Gobierno impulsa un cambio estructural del MEM que para las empresas provinciales y las asociaciones sin fines de lucro se traducirá en mayores costos y más asimetrías entre jurisdicciones.
El Gobierno impulsa un cambio estructural del MEM que para las empresas provinciales y las asociaciones sin fines de lucro se traducirá en mayores costos y más asimetrías entre jurisdicciones.

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La reforma del mercado eléctrico que implementará el Gobierno desde el 1 de noviembre comienza a generar preocupaciones entre las distribuidoras provinciales, segmento que considera que las nuevas medidas que dolarizan la generación y promueven la celebración de contratos a término los dejan “expuestos” y descuentan que deberán pagar más por la energía.
La secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, dio a conocer la resolución Nº400/2025, en la que se aprueba el nuevo reglamento que reduce la intervención estatal y obliga a los actores de los distintos segmentos a tener un rol más activo.
“El nuevo esquema refuerza las asimetrías entre las jurisdicciones y además las distribuidoras provinciales que estén atravesando dificultades van a estar peor”, alertan desde una compañía del interior y agregan: “Solo van poder ir “al spot y deberán pagar precios más altos para sus usuarios”.

Por lo bajo, un consultor suma otras dudas: “Nadie sabe cómo va a ser el traslado (passthrough) a tarifas para los usuarios no residenciales que tengan un mix de abastecimiento entre la nueva “demanda estacionalizada” y el “spot o mercado a término”. “Los grandes generadores van a realizar contratos a término con los grandes usuarios o con las grandes distribuidoras, pero no creo que puedan firmarlo las que no tengan volumen suficiente”, sentenció.
Analistas de mercado también advierten que una parte de la demanda de los usuarios no residenciales que no pueda “contractualizar” la energía le quedará solo el “spot”, por lo cual un supermercado de una provincia podría pagar un precio de la energía más caro que uno similar de otro lugar”.
El otro sector que está en alerta es el de las cooperativas eléctricas, de gran presencia en el segmento de distribución, en particular en lugares pequeños o alejados de los grandes centros de consumo. “El país está lleno de cooperativas que son agentes MEM -o no- que no solo no tienen músculo para hacer contratos, sino que además quedan muy vulnerables con el nuevo esquema”, indicaron desde una que presta el servicio en la Patagonia.