Referentes de 14 países debatieron en la conferencia ADELATAM 2026 sobre el futuro de la distribución eléctrica por el cambio tecnológico y el rol de las compañías en la transición energética.
Referentes de 14 países debatieron en la conferencia ADELATAM 2026 sobre el futuro de la distribución eléctrica por el cambio tecnológico y el rol de las compañías en la transición energética.
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La ciudad de Buenos Aires se convirtió la semana pasada en el epicentro del debate energético regional con la realización de ADELATAM 2026, la conferencia que reunió a más de 200 referentes de 14 países para debatir el futuro de la distribución eléctrica. Bajo el lema “Redes que transforman la energía del futuro”, el evento dejó en claro que las distribuidoras dejaron de ser un eslabón pasivo para transformarse en la plataforma estratégica de la transición energética.
Uno de los paneles más destacados abordó la necesidad de modernizar los marcos normativos. Esteban Kiper, consultor de OLACDE, enfatizó que la regulación no puede ser solo un ejercicio técnico: “La regulación de la red del futuro debe ser un equilibrio entre la eficiencia técnica y la justicia social”. Kiper advirtió sobre el riesgo de un “sesgo regresivo” si los usuarios de mayor poder adquisitivo se desconectan del sistema con paneles solares, trasladando los costos de mantenimiento de la red a los sectores más vulnerables.
En la misma línea, Silvana Stochetti, abogada de Edenor, sostuvo que la transición implica repensar a la distribuidora frente a nuevas demandas de sostenibilidad y resiliencia. Por su parte, Lucía Spinelli, del Banco Mundial, recordó que “la previsibilidad regulatoria es la variable más sensible para la movilización del capital privado”, especialmente en inversiones con horizontes de hasta 30 años.
El Gobierno nacional aprovechó el marco de ADELATAM para anunciar medidas de corto plazo. Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica, confirmó el lanzamiento de una licitación para incorporar generación térmica modular en “nodos críticos” de la red para garantizar la potencia firme ante picos de consumo.
Respecto a la infraestructura de transporte, Sanfilippo ratificó que es “inminente” la licitación de la obra AMBA I, que se realizará bajo un esquema de concesión de obra pública financiada íntegramente por el sector privado. Además, destacó la normalización de los pagos a CAMMESA: “Al llegar a la gestión, las distribuidoras pagaban solo el 37% del costo de la energía… hoy está por arriba del 97%”.
El debate sobre cómo financiar la modernización de las redes introdujo el concepto de tarifas inteligentes. Lívia Nicotra (EDP Brasil) definió que una tarifa es inteligente cuando equilibra eficiencia, sostenibilidad financiera, equidad social y señales de inversión.
Un punto de gran interés fue la experiencia de los “sandboxes” o bancos de pruebas. Diego Brancher, de la agencia brasileña ANEEL, detalló un proyecto que permite probar tarifas diferenciadas con 60.000 consumidores. En Argentina, Rodrigo Santander (EDESA) comentó que ya aplican este modelo en Salta para normalizar el servicio en barrios populares con regímenes de calidad diferenciados.
La tecnología AMI (medición inteligente) se consolidó como la “puerta de entrada” a la red del futuro. José Palazzi, de Gridspertise, advirtió que el error más común es tratar la medición inteligente como una compra de hardware: “Debe ser tratada como infraestructura digital”.
En cuanto a la operación, Germán Noez (Edenor) explicó cómo la integración de Inteligencia Artificial está optimizando la gestión de pérdidas y morosidad. Mediante modelos de scoring, la empresa logra direccionar sus cuadrillas con mayor precisión, eliminando el componente aleatorio de las inspecciones.
El avance de la movilidad eléctrica y los prosumidores plantea desafíos operativos inéditos. Fernando Zaquine (Calden Consultoría) señaló que en la próxima década el debate no será cuántos megavatios aporta la generación solar, sino cómo gestionarla ante la inversión de los flujos de potencia. Defendió la necesidad de tarifas binomias para que el prosumidor pague por la “disponibilidad” de la red que sigue usando como respaldo.
En términos de electromovilidad, Renato Alvarenga (Mirow & Co) advirtió que la demanda de carga tiende a concentrarse en zonas de mayor poder adquisitivo, generando focos de estrés localizados en transformadores que no fueron diseñados para tal potencia.
Para cerrar, Viviana Alva Hart (BID) puso cifras al desafío: América Latina necesita invertir unos USD 48.000 millones anuales en el sector eléctrico para alcanzar sus metas. Como sintetizó Roberto Cajamarca (ADELAT), la pregunta ya no es si hay dinero disponible, sino cómo crear marcos institucionales y proyectos “bancables” para capturarlo.
ADELATAM 2026 confirmó que, sin redes modernas, bien reguladas y adecuadamente remuneradas, la transición energética simplemente no será posible.
