La energía en la era Milei: suba de tarifas, menores regulaciones y dudas por los temas pendientes

El primer año del Gobierno de Javier Milei deja en materia de política energética como balance un fuerte aumento de tarifas -impulsado por la recomposición de los ingresos de las empresas-, una menor regulación y planificación estatal, además de muchas dudas sobre el destino de las obras pendientes, las privatizaciones y el nuevo esquema de subsidios.

Es que lo que se presentaba como una gestión que venía a cambiar la arquitectura del sector energético, con un sesgo pro mercado que iba a recuperar el paradigma de los años `90, tuvo dificultades en la implementación de las políticas que se habían planteado, por las diferencias internas y por la falta de cuadros técnicos.  

Los principales objetivos de la gestión libertaria se pueden agrupar en: reducir la intervención del Estado (léase desregular y quitar subsidios para que haya “condiciones” de mercado”), privatizar empresas y pasar de un esquema de obra pública a otro de iniciativa privada, RIGI mediante. 

Menos subsidios y más tarifas

Encabezada en buena parte por Eduardo Rodríguez Chirillo, con una influencia creciente del ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaría de Energía dispuso una fuerte suba de tarifas en términos reales de hasta el 223 por ciento, superando hasta las mejores expectativas de los empresarios del sector, con la particularidad de que el incremento fue más pronunciado todavía en los ingresos de las compañías, con picos de hasta 314 por ciento reales, es decir descontada la inflación, de acuerdo con el cálculo de un exfuncionario del extinto Frente de Todos.

En paralelo, el gobierno redujo en forma considerable los subsidios energéticos, pasando los usuarios de pagar en diciembre de 2023 el 58 por ciento del costo real al 89 por ciento en la actualidad. Esta merma afectó especialmente a los usuarios de ingresos medios (los N3).

Lo sorprendente, o tal vez no tanto, es que este proceso no tuvo conflictos judiciales o sociales, ni tampoco la oposición logró instalar el debate público sobre las tarifas, a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno de Macri, como se evidencia en general con la poca resistencia a la aplicación de la “motosierra”. 

Sin duda, el mayor fracaso de Rodríguez Chirillo fue la canasta energética, idea que nunca pudo implementar por resultar inviable y engorrosa. La actual titular del área, María Tettamanti, adelantó que irán hacia un sistema de tarifa plena y subsidios focalizados, que tendrá vigencia en el segundo semestre de 2025. Si a eso se suma las revisiones tarifarias pendientes, debe advertirse que la llamada “regularización” tarifaria está lejos de concluir. 

Menos peso estatal 

Si bien tanto la emergencia energética como la Ley de Bases dotaron a la gestión energética de amplias facultades, no lograron avances en las reformas estructurales que se propusieron. Esta menor regulación sólo se verifica en el precio de los combustibles, que se encuentran en su precio más alto de los últimos años. O sea, como otras veces, la liberación de un precio lo encareció fuertemente. 

Asimismo, la desregularización del Mercado Eléctrico Mayorista recreando las condiciones para la “contractualización” libre (es decir que privados firmen acuerdos), no ha mostrado avances, en alguna medida porque no están resueltas las deudas de las distribuidoras con CAMMESA  (trascendió un principio de acuerdo no exento de polémicas).

En definitiva, el discurso de liberalización se topó muchas veces con las dosis de pragmatismo que la realidad impone, como las sucesivas postergaciones que dispuso Caputo en las subas de tarifas por su impacto en la inflación, lo que valió reclamos de las empresas del sector.

Privatizaciones y obras 

La intención de privatizar “todo lo que se pueda” chocó de frente con los activos reales que tiene que el Estado para vender, que están muy lejos de las “joyas de la abuela” de los años ´90. Tampoco la gestión libertaria cuenta con cuadros técnicos a la altura. Lo cierto es que de las empresas públicas que la Ley Bases declaró sujetas a privatización total o parcial (ENARSA, Nucleoeléctrica, YCRT y otros activos), a la fecha no se conoce ningún avance, salvo las declaraciones públicas de funcionarios sobre la concesión del ex gasoducto Néstor Kirchner o el rumor sobre su traspaso a un privado de las acciones de Transener que tiene el Estado.

Tampoco se conocen los pliegos para la concesión de las represas del Comahue, a pesar de que ya transcurrió más de la mitad de los 180 días que se establecieron para el llamado, mientras la siguen operando las mismas empresas privadas que las tienen a su cargo desde hace 30 años. 

En generación de energía, la baja de los 3000 MW del Plan Terconf dejó al sistema al borde su capacidad en los picos de consumo, algo agravado por la falta de obras de transporte -el AMBA 1- que ahora se concretaría, financiado por los usuarios. Ambos temas cobrarán relevancia en la medida de que los días de calor pongan al límite el parque generador y Brasil -sumido en una sequía- no pueda enviar energía.

De la misma manera, el traspaso de las obras públicas a la iniciativas privadas es más una expresión voluntarista que una posibilidad concreta. Enarsa retomó, tras la decisión de no hacerla, la reversión del Gasoducto Norte, finalizando la parte más importante, y luego de varias dificultades puso en funcionamiento las plantas compresoras del rebautizado Gasoducto Perito Moreno, que si hubieran estado antes el país se hubiera ahorrado dólares en importación de energía. 

La segunda etapa del ex gasoducto Kirchner quedó “fuera de agenda” mientras se espera la licitación de la ampliación que propone TGS como parte del RIGI. Más allá de eso, no se conoce cómo se van a ampliar los ductos que salen de Vaca Muerta para exportar a Brasil volúmenes significativos de gas. 

Este último punto merece un párrafo aparte: para este año se prevé un superávit energético de alrededor de 4.500 millones de dólares, que se explica porque las obras realizadas en los últimos tiempos permitieron llevar la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta a niveles récord, además de mayores exportaciones.

En resumen, el sector atraviesa un momento de expansión que se acelerará en los próximos años. No obstante, las políticas que se implementen pueden hacer que sea un ciclo virtuoso que transforme la economía o una etapa extractivista con beneficios limitados y de corto plazo.