El resurgimiento de la energía nuclear en Europa ya es una realidad: impulsada por la crisis energética y la volatilidad geopolítica, producto de la invasión rusa a Ucrania primero, y el ataque de Estados Unidos a Irán después, la discusión atraviesa a la Unión Europea (UE) con una intensidad inédita desde el accidente de Fukushima en 2011.
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Paradójicamente, lejos de consolidar una estrategia común al interior del bloque, el contexto internacional ha puesto sobre la mesa las profundas diferencias que aún existen entre los Estados miembro del bloque europeo.
La Comisión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, dio señales claras en los últimos días de respaldo a la energía nuclear como parte de la oferta energética del futuro. La presidenta calificó como un “error estratégico” el abandono progresivo de esta fuente, al subrayar su carácter de energía “fiable, asequible y baja en carbono”.
Pero esta clara toma de posición no es sólo discursiva: Bruselas promueve abiertamente nuevas inversiones, incluyendo tecnologías como los reactores modulares pequeños (SMR), y alienta a los estados del Viejo Continente a reconsiderar los cierres programados de centrales nucleares.
El caso más resonante es el de la Central Nuclear de Almaraz en España, sobre la cual von der Leyen manifestó su apoyo explícito a la extensión de la vida útil. Este caso refleja con claridad las tensiones internas que atraviesan a varios países europeos. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la Central Nuclear, le solicitaron al gobierno de Pedro Sánchez la prolongación de su vida útil hasta 2030, argumentando que hoy por hoy es clave para garantizar precios estables y permite reducir emisiones de carbono en un contexto de alta volatilidad en el mercado energético.
El cierre de Almaraz estaba previsto para 2027, pero las empresas comenzaron a ejercer una sostenida presión sobre el gobierno español para lograr una extensión de vida por tres años más. Al respecto, el ejecutivo español sostiene que «ni cierra ni abre instalaciones», recordando que fueron las propias empresas quienes, en 2019, optaron por el cierre prematuro de Almaraz debido a que las empresas de servicios públicos exigieron reducciones de impuestos para mejorar el atractivo del sector.
Actualmente, Pedro Sánchez parece más inclinado a aceptar la prórroga, pero exige tres requisitos para apoyar la continuidad de la operación de la planta: garantizar la seguridad ciudadana, evitar costes adicionales para los contribuyentes y asegurar el suministro eléctrico.
En la vereda de enfrente se encuentra Alemania, histórica potencia que desarrolló una gran cantidad de centrales nucleares en su territorio, pero que luego del accidente de Fukushima en 2011 emprendió el camino del abandono total de este tipo de energía cerrando todas sus instalaciones definitivamente en 2023.
La política energética alemana apostó decididamente por las fuentes renovables, incluso aumentando temporalmente la dependencia de combustibles fósiles. El peso de Alemania en el debate europeo no es menor: el motor industrial y económico de la Unión ha sido uno de los principales opositores a incluir la energía nuclear dentro de las inversiones verdes de la UE en los últimos tiempos.
Pero ese consenso interno ya no es absoluto: el encarecimiento de la energía y las tensiones geopolíticas reabrieron el debate. Luego de las declaraciones de la presidenta von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, afirmó que los gobiernos federales anteriores habían decidido eliminar gradualmente la energía nuclear, y que revertir esa decisión era imposible. “Lo lamento”, declaró, “pero así son las cosas, y ahora nos centramos en la política energética que tenemos”.
La coalición conservadora de gobierno en Alemania está conformada por varios partidos, con diferentes posturas respecto a la energía nuclear. Aunque la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha, y su aliada Unión Social Cristiana de Baviera apoyan la energía nuclear, el canciller sabe que para revertir la decisión se necesitaría una mayoría en el Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán. Y se requerirían los votos del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) para completar la mayoría, situación en la que Merz no quiere ni pensar.
Por su parte, Francia es el máximo exponente del bloque pronuclear, un grupo de países que apuestan abiertamente por la energía nuclear como pilar estratégico. El gobierno de Emanuel Macron ha tomado el protagonismo en la región impulsando nuevos proyectos y reclamando mayor financiación internacional para el sector nuclear, al considerar este camino como una herramienta clave para la seguridad energética y la transición climática.
Esta visión está ganando adeptos en otros países europeos como Bélgica e Italia, quienes buscan revertir o moderar sus políticas de abandono de la energía nuclear, y en naciones del este europeo, que buscan empezar a ser parte del concierto internacional apostando por esta tecnología. En Bruselas, además, emergieron movilizaciones y espacios de coordinación política y empresarial que promueven a la energía nuclear como elemento central de la “autonomía estratégica” europea, una visión cada vez más predominante de cara a las tensiones globales que impactan de lleno en la política energética mundial.
Este panorama evidencia una fractura estructural en la política energética europea, una división que condiciona decisiones clave sobre financiamiento, infraestructura y seguridad energética común. Y que muestra fisuras entre los diferentes miembros del bloque europeo, brindando hacia el exterior una imagen de debilidad y desconcierto en un mundo en constante conflicto.
En este contexto, las diferencias políticas, sociales y económicas respecto al lugar de la energía nuclear en Europa, presumen un riesgo para un bloque históricamente con ideales y objetivos en común. La incorporación en las últimas décadas de más estados miembro, evidencia la heterogeneidad y diferencias que persisten en el continente, y la vulnerabilidad del bloque en diversos aspectos frente al resto de las potencias.
