En el marco de la 90ª Convención Anual de CAMARCO, el sector de la construcción advirtió, sin hacer referencias explícitas al Gobierno, sobre la parálisis de la actividad, la pérdida de 90.000 puestos de trabajo y la ausencia de un programa de inversión en infraestructura.
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La celebración de los 90 años de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) no tuvo el tono festivo de otras ediciones. Por el contrario, se convirtió en una caja de resonancia de la crítica situación que atraviesa la infraestructura en Argentina. Tanto representantes empresariales como sindicales coincidieron en que el ajuste fiscal, si bien reconocen la necesidad de ordenar las cuentas públicas, está profundizando las dificultades de la actividad.
En la apertura del encuentro, Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO, sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas es una “condición necesaria”, pero advirtió que “por sí sola no alcanza” si no se acompaña con inversión productiva. Además, alertó sobre la fuerte caída de la actividad, la paralización de obras y las deudas que el Estado mantiene con empresas por trabajos ya ejecutados.
“La infraestructura no es un gasto, es inversión. No hay país que haya crecido en forma sostenida sin infraestructura“, afirmó Weiss, quien remarcó que el deterioro de las redes de transporte y de los sistemas energéticos limita severamente la competitividad del país.
En declaraciones posteriores con la prensa, el titular de CAMARCO rechazó que la afirmación de que la infraestructura no es gasto haya sido un mensaje al Gobierno: “Es un lema nuestro desde hace años”. De todos modos reiteró que no hay posibilidad de desarrollo de la inversión pública en infraestructura si no es con fondos públicos, de los tres niveles, ya que “así funciona el mundo” y agregó: “En la mayoría de las obras no hay negocio para los privados”.
Desde el sector sindical, el diagnóstico fue igualmente preocupante. Rubén Pronotti, secretario de Organización de la UOCRA, señaló que la construcción atraviesa una “larga y crítica situación de parálisis” que ya provocó una reducción cercana al 20% del empleo registrado en la actividad.
“Más de 90.000 compañeros perdieron su empleo“, aseguró Pronotti, quien agregó que en algunas regiones la caída de la actividad alcanza el 50% respecto de mediados de 2023. El dirigente destacó que la única excepción es Neuquén, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, donde la cantidad de trabajadores pasó de 22.000 a 24.800. Sin embargo, aclaró que ese crecimiento puntual “no mueve el amperímetro del sector” a nivel nacional.
La principal preocupación de empresarios y trabajadores es la escasa inversión prevista tanto por el Gobierno nacional como por las provincias. Advierten que la falta de un programa claro de infraestructura no solo afecta a las grandes obras de transporte y energía, sino que también profundiza los déficits en vivienda, educación y salud.
Sin mencionar de manera explícita a la administración de Javier Milei, el mensaje que predominó durante la convención fue claro: “Sin infraestructura no hay desarrollo posible“. En ese sentido, los distintos actores reclamaron la apertura de instancias de diálogo y la puesta en marcha de una política de inversión que permita reactivar una actividad que continúa mostrando niveles de retracción inéditos en las últimas décadas.
Sin señales concretas de inversión, advirtieron, la parálisis de la construcción podría convertirse en un obstáculo estructural para cualquier proceso de recuperación económica sostenida.
