A través del Decreto 585/2026, el Poder Ejecutivo nacional prorrogó la emergencia hasta diciembre de 2027. La medida se justifica en que tras dos años y medio de gestión libertaria, sigue siendo baja la reserva técnica en generación y no casi no se amplió el transporte.
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El Gobierno de Milei completará su mandato con el sector energético en emergencia. Este lunes se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, mediante el cual el Presidente de la Nación prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad de jurisdicción federal. Esta extensión tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
La decisión se apoya en informes técnicos que advierten que, si bien hubo mejoras parciales, persisten los riesgos que motivaron la declaración original a fines de 2023. Durante febrero de 2025, el sistema registró un pico de demanda de 30.257 MW, dejando un margen de reserva operativa de apenas el 4,4%, una cifra considerada insuficiente para garantizar la seguridad del abastecimiento ante contingencias.
En concreto, desde el comienzo del Gobierno de Mieli la generación no tiene obras relevantes: se dio de baja la licitación térmica Terconf, realizada durante la gestión anterior, y si bien se implementó una reforma del mercado eléctrico para impulsar la inversión privada, no hay proyectos en marcha, a excepción de las baterías para evitar cortes en los picos de consumo, en el marco del Alma SADI, por el que CAMMESA adjudicó 700 MW la semana pasada, que se suman a los que ya están en ejecución para el GBA.
El otro aspecto que argumenta la medida oficial es la situación crítica del sistema de transporte. El decreto remarca que durante el año 2025 las ampliaciones en términos de longitud de líneas y capacidad de transformación fueron de 154 km y 1580 MVA, las que resultan “nimias ante la magnitud de las necesidades estructurales del sector eléctrico”.
El problema es que siguen demoradas las líneas AMBA I y Puerto Madryn-Choele Choel, cuyos plazos de ejecución exceden el corto plazo, a pesar de que el Gobierno viene anunciando su licitación desde el año pasado. El caso emblemático es AMBA I, una obra estratégica de infraestructura eléctrica diseñada para reforzar el anillo energético del Área Metropolitana de Buenos Aires, zona que concentra el 40 por ciento del consumo nacional. La inversión total se estima entre 1.100 y 1.150 millones de dólares. Originalmente se planeó con financiamiento de bancos chinos, algo que fue descartado tras el inicio del gobierno libertario, que ahora busca hacerla como concesión de obra pública, mecanismo por el cual el ganador debe financiar, construir y operar la línea.
Además, existen otros proyectos en otros puntos del país que faltan para que el sistema pueda operar en mejores condiciones de seguridad y se puedan sumar proyectos renovables que hoy no encuentran capacidad de transporte disponible.
El decreto también argumenta que las principales estaciones transformadoras operan con niveles de carga superiores al 90%. Además, en los considerandos se señala que más del 60% de las fallas de las distribuidoras Edenor y Edenor ocurren en alimentadores con más de 25 años de antigüedad, a pesar de que las tarifas subieron 600%.
Uno de los puntos clave del decreto es la necesidad de coordinar las políticas de electricidad con las de gas natural, dado que la generación térmica sigue siendo un componente sustancial de la matriz. La reconfiguración del sistema de transporte de gas iniciada en mayo de este año impacta directamente en los costos y la eficiencia del despacho eléctrico, en especial por los mayores costos del Gas Natural Licuado.
En materia financiera, el Ejecutivo destacó el restablecimiento de la cadena de pagos. La tasa de cobrabilidad de CAMMESA, que en diciembre de 2023 era del 48%, alcanzó niveles cercanos al 97% en 2026 gracias a la recomposición tarifaria y la regularización de deudas de las distribuidoras.
No obstante, el Gobierno advierte que aún resta camino por recorrer en la reducción de subsidios: a mayo de 2026, los usuarios residenciales subsidiados pagaban solo el 24% del precio real de la energía.
