El viceministro de Energía y Minería, Daniel González, confirmó que impulsan un cambio “voluntario” en el programa de gas, a la vez que remarcó que “no tiene sentido” que las compras de gas licuado las haga la empresa pública ni que las pague el Estado.
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Mientras avanza la implementación de la reforma del mercado eléctrico, con la que el gobierno busca reducir la intervención estatal en el sector, Daniel González, viceministro de Energía y Minería, anunció que quiere “sacar del medio” a Enarsa, tanto del Plan Gas, un programa de incentivo a la producción de ese hidrocarburo, como de la importación de gas natural licuado.
El funcionario recordó que por la Ley de Bases, Enarsa es una empresa pública sujeta a privatización: “Estamos achicando el rol de Enarsa, hoy tiene un rol preponderante en un régimen válido, que creo funcionó muy bien, que es el Plan Gas, una de las únicas políticas de Estado que hemos visto en la Argentina”.
En esa línea, González, que en 2012 estaba en la YPF estatizada cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el Plan Gas, ratificó que se va an a cumplir los contratos a “rajatabla” pero explicó que hoy “no ayuda a acelerar la desregulación del sector”. Según explicó el viceministro, la idea del gobierno es generar un incentivo para que “voluntariamente” aquellos productores que quieran cambiar de off taker (comprador) pasen a tener empresas privadas en lugar de Enarsa”.
En relación con la importación de gas licuado, González fue categórico: “No creemos que tenga sentido que el comprador de última instancia tenga que ser siempre Enarsa y seguro que tampoco lo tiene que el Estado pague el costo”.
“Lo que estamos trabajando, y si no llegamos este invierno será Enarsa, es que los compradores de GNL sean empresas comercializadorass, asegurándonos que el precio sea igual o menor”, explicó el funcionario aunque advirtió que habrá que ver cómo se distribuye en la demanda.
En tal sentido, González recordó que el Plan gas tiene un costo de 3,8 dolares por millón de BTU para los hogares a los que si se le suma el gas licuado importado para la demanda residencial “no debería subir más de 5 o 10 por ciento”, según estimó.
“Hasta ahora venimos ajustando los precios estacionales – PIST y PEST– mensualmente más en función de necesidades de política económica que transparentando el costo”, señaló el viceministro y anticipó que con el nuevo esquema de subsidios ambos valores, del gas y la energía, van a “reflejar” los costos reales del sistema.
En el nuevo esquema, si las distribuidoras compran gas a precio “razonable” y en forma “transparente”, además de ser necesario para la seguridad del sistema, el Gobierno hará el pass throug (traslado) a las facturas y el Estado podrá poner subsidios, como el 50 por ciento que dispuso desde enero para los usuarios que encuadren dentro de la subvención estatal.
“Para hacerlo gradual le pusimos una bonificación extraordinaria de 25 por ciento, bajando mensualmente durante 2026, pero con la discrecionalidad de la secretaría de Energía para bajarlo más rápido o mantenerlo”, concluyó González.
