En el Día de la Energía Atómica, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, anunció la publicación de los lineamientos de política nuclear, con eje en exportaciones de alto valor agregado, la sostenibilidad fiscal y la integración del sector privado como socio estratégico del Estado.
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El Gobierno dio un nuevo paso en la reestructuración del sector nuclear, en este caso no con una medida concreta sino con una serie de lineamientos que sirven de criterio para la toma de decisiones en los organismos y empresas nucleares, además de trazar una perspectiva del rol que las autoridades libertarias imaginan para un rubro que consideran con alto potencial. El anuncio fue realizado por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, en el aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fecha que marca —en tiempos de Perón— el nacimiento de la actividad en nuestro país.
El funcionario aclaró que el documento —que luego se hizo público— no es un plan de gestión ni un cronograma de obras, sino que se trata de criterios para evaluar proyectos y capitalizar las oportunidades que el mundo nos ofrece, que desde su visión no constituyen una “ventana infinita”.
Titulado “Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026”, el trabajo destaca la inversión en el área a partir de la trayectoria histórica del país y la actual convergencia geopolítica que demanda energías limpias y seguras. A lo largo de 54 páginas, se priorizan objetivos como la exportación de alto valor agregado, la sostenibilidad fiscal y la integración del sector privado como socio estratégico del Estado.
“Los lineamientos son una capa más profunda y anterior, en la cual tienen que estar claros los criterios que justifican desde la investigación básica en la CNEA hasta cómo las empresas tienen que embarcarse en determinados proyectos”, explicó Ramos Nápoli tras el evento, en una charla de la que participó El Post Energético, y recordó que “antes se planteaba un proyecto y después se buscaba el financiamiento”.
Desde la visión oficial, existen en la actualidad condiciones de mercado para acceder a financiamiento, algo que décadas atrás no existía para el sector nuclear. “Hay organismos multilaterales de crédito que empiezan a ser jugadores en el sector, como la CAF o el BID”.
Este nuevo escenario geopolítico implica que Occidente comienza a financiar al sector nuclear en lugares del mundo donde dejaron de construirse reactores por falta de recursos. De acuerdo con el secretario de Asuntos Nucleares, eso permitió el avance del “paradigma oriental”, por el cual China o Rusia pusieron en marcha instalaciones porque podían aportar financiamiento.
El segmento con más potencial son los SMR (small modular reactors), una alternativa tecnológica en desarrollo a nivel mundial porque son más pequeños y requieren menos tiempo de construcción, lo que encaja mejor con los objetivos de los organismos multilaterales de crédito. Si bien Argentina tenía un proyecto propio avanzado —el CAREM—, la actual gestión decidió darlo de baja argumentando que su diseño no era comercialmente viable, lo que valió duras críticas de la oposición.
El otro punto que suscita interés por parte de los organismos multilaterales es la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, tema en el que nuestro país, en especial Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), tiene gran experiencia, tras los trabajos realizados en la central de Embalse y los que se llevan adelante en Atucha I, que se estima concluirán a mediados del año próximo.
El presidente de NA-SA, Juan Martín Campos, remarcó que la semana pasada una delegación del Banco Mundial visitó el complejo Atucha. El organismo está interesado en financiar la extensión del plazo de operación y la puesta nuevamente en servicio de centrales apagadas, ya que resulta más rápido que construir un reactor desde cero y permite sumar 20 años de operación.
“Los márgenes de seguridad de las centrales son tan amplios que están durando más de lo pensado originalmente. Ahí hay una oportunidad para NA-SA porque ya hizo una y media y tiene todo para hacer cualquier extensión de vida”, completó Campos.
Los revamping aparecen en el panorama como competencia de las energías renovables, ya que reducen fuertemente los altos costos asociados al sector nuclear. “Hay que mostrarle al mundo que Argentina tiene esa capacidad y puede hacerlo”, se entusiasma Campos, y recuerda que NA-SA se tuvo que convertir en diseñador y constructor para terminar Atucha II o realizar extensiones de vida de centrales únicas.
Uno de los principales proyectos del sector nuclear es la construcción del reactor multipropósito RA-10, ubicado en Ezeiza. Ramos Nápoli adelantó que iniciará su fase crítica (es decir, de actividad nuclear) el año próximo, aunque para su operación se busca un nuevo esquema con un socio privado:“La CNEA no está en condiciones de operar el RA-10”.
El funcionario explicó que durante meses se intentó reestructurar su ciclo para exportar 150 o 200 curies por semana a Brasil, pero ello implicaba cambios en los turnos que la rigidez operativa de un organismo científico como la CNEA no permite realizar.
“El RA-10 es un reactor que hace cuatro cosas, de las cuales tres son 100 por ciento gestionables por una empresa; la cuarta es una facility que tiene que estar a disposición de la CNEA”, sostuvo Ramos Nápoli.
“El dopaje de silicio, la producción de radioisótopos y el testeo de elementos combustibles tienen que fluir mediante gestión empresaria”, detalló el secretario, y agregó que “el laboratorio de haces neutrónicos tiene que estar a disposición de la CNEA, pero el factor de uso es bajo y no compite con la irradiación y la transmutación neutrónica”.
El secretario remarcó que el mayor desafío en la venta de radioisótopos es la cadena logística: “Todo eso hay que hacerlo en 60 horas para darle las 36 horas que le quedan de vida en la milla final”.
En cuanto al esquema que imagina para entregar a un privado la operación del RA-10, Ramos Nápoli señaló que tanto la concesión como la privatización son figuras legales habilitadas en la Ley 24804, que regula la actividad nuclear y declara sujeta a privatización desde aquel entonces todo lo vinculado al ciclo de producción de radioisotpos.
