El Gobierno busca dar un paso clave para privatizar dos centrales térmicas de Enarsa

El Ejecutivo incluyó en el presupuesto 2026 una exención para liquidar sin pagar Ganancias los fideicomisos de las centrales San Martín y Belgrano, cuyas acciones son del Estado y generadores privados.

Por

Post Energético

El Gobierno sigue intentando avanzar con la privatización de empresas públicas, materia en la que no pudo lograr casi nada (con excepción de IMPSA), por la turbulencia económica, los bajos valores ofrecidos y la complejidad técnica de los procesos que deben encararse, lo que lleva a muchos a pensar en su conveniencia. 

Sin embargo, la decisión parece tomada y luego de anunciar la venta de parte de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina, ahora apuntan a desprenderse de las centrales térmicas Belgrano (TMB) y San Martín (TSM). El paquete mayoritario de cada una –cerca del 65%– está en manos de Enarsa.

En el proyecto de presupuesto 2026, que elaboró el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se incluyó un artículo, el 69, para eximir del pago del impuesto a las ganancias la transferencia de las acciones de las centrales San Martín y Belgrano de los respectivos fideicomisos a sus dueños, es decir el Estado y los generadores privados. 

La norma propuesta también engloba dentro del beneficio fiscal a  todas las “operaciones y actos tendientes a perfeccionar las transferencias e incorporación de dicho patrimonio, en tanto y en cuanto ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA tenga participación accionaria mayoritaria en las citadas sociedades”.

Cuando dispuso la privatización y desguace de Enarsa, la empresa que conduce Tristán Socas, el Gobierno mencionó entre los activos a las centrales térmicas en los considerandos pero decidió comenzar por la venta de Transener porque antes debe concretarse la liquidación del fideicomiso, vencido hace 5 años, cuando concluyó el contrato original con los privados. 

El escollo es que para transferir las acciones del fideicomiso a sus dueños, debe pagarse el Impuesto a las Ganancias sobre los activos, lo que ahora busca evitarse mediante el mencionado artículo.  

La interpretación es que no corresponde el tributo si existe “continuidad de negocios”, es decir que la empresa sigue funcionando con los mismos accionistas en una nueva forma societaria, algo que no se encuadra dentro de los objetivos de la gestión libertaria, que  ya avisó que va a privatizar todas las empresas del Estado. 

De acuerdo con datos del mercado, los bienes a devolver alcanzan unos 300 millones de dólares por cada usina, entre la infraestructura y recursos líquidos, por lo que deberían desembolsar 100 millones de dólares del impuesto.

Cabe recordar que ambas centrales, cada una con una potencia de 865 MW, fueron construidas durante el Gobierno de Néstor Kircnner, en el marco de un programa, el FONINVEMEM, que establecía que las deudas del Estado con los generadores destinaría para financiar estas dos centrales, en un contexto de creciente demanda de energía. 

Sin embargo, hubo además un aporte del entonces ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios. Finalmente, TMB fue inaugurada en la localidad bonaerense de Campana en 2008 y TSM al año siguiente en Timbúes, Santa Fe. Entre las dos tienen una potencia similar a las tres centrales nucleares de nuestro país, además de estar emplazadas en el corazón de la demanda, lo que las torna una infraestructura clave. 

Las acciones de TMB están repartidas hoy de la siguiente manera: Enarsa 65%, Central Puerto 10,6%, AES 7,1%, Enel 6,2%, Pampa 3,2%, Orazul Energy 2,2%, además de otras participaciones menores. 

En el caso de TSM, la compañía estatal tiene el 68,3% del paquete total, mientras que los mismos generadores privados de TMB se reparten el resto en proporciones similares a los de la central de Timbúes.