El Partido Justicialista reclamó al Gobierno “desistir” de la venta de las acciones de las centrales y convocar a un debate amplio.
El Partido Justicialista reclamó al Gobierno “desistir” de la venta de las acciones de las centrales y convocar a un debate amplio.
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El Partido Justicialista embistió duramente contra el Gobierno Nacional por iniciar la privatización de las represas del Comahue, cuya concesión lleva dos años vencida.
A través de un comunicado de prensa, la secretaría de energía del PJ advirtió que la medida “constituye la entrega ruinosa e inadmisible de un activo estratégico, que resulta fundamental para la provisión de energía asequible, limpia y segura para los argentinos”.
El texto recordó que se trata de las centrales hidroeléctricas El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados que en su conjunto aportan el 7 por ciento de la energía que se consume en Argentina y que fueron construidas en mayor parte por el Estado Nacional y privatizadas en 1992.
En este sentido, el PJ consideró que “el vencimiento de las concesiones privadas era un marco propicio para volver a debatir el mejor modelo de gestión, defendiendo el interés nacional y dando participación a las provincias de Neuquén y Río Negro, propietarias de los recursos hídricos” pero que en vez de eso “el Gobierno lleva un año y medio intentando su privatización, con marchas y contramarchas, emparchando prórrogas y cambiando una y otra vez las reglas del proceso para concretar una decisión a todas luces desafortunada: la entrega de patrimonio nacional y una menor presencia del Estado en la planificación del sector”.
De la misma manera, el partido opositor remarcó que la energía hidroeléctrica es la más barata del sistema por lo que “la privatización de las represas traerá un incremento en los costos de operación que hará la energía más cara para los hogares, los comercios y las industrias” ya que “la gestión de estos activos es fundamental para competitividad de nuestra economía”.
Por último, el comunicado le reclama a la gestión libertaria que “desista de la entrega de estos activos estratégicos para el sistema energético y se convoque a debatir en forma pública, con la participación de los trabajadores, las universidades, el sector productivo y las provincias involucradas, el mejor modelo para potenciar la energía hidroeléctrica priorizando la soberanía nacional, el desarrollo económico y el bienestar del pueblo argentino”.
