Claudio Molina, analista de bioenergías, advirtió a El Post Energético que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo beneficia a los refinadores, utiliza definiciones “equivocadas” de biocombustibles y pone en riesgo la supervivencia de las plantas pymes no integradas.
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El debate por la nueva Ley de Biocombustibles en el Senado, que presentó la senadora Patricia Bullrich, deja en evidencia posturas opuestas y advertencias por las consecuencias que podría tener la norma en caso de aprobarse. En diálogo con El Post Energético, el especialista Claudio Molina lanzó duras críticas al proyecto, asegurando que el texto tiene un “sesgo claro a favor de los intereses de los refinadores de petróleo”.
Según Molina, la propuesta oficial incurre en una “equivocada definición del término biocombustibles” al incorporar combustibles sintéticos que, si bien pueden ser renovables, no son biológicos, e incluso abre la puerta a componentes que no son renovables por pedido de las petroleras.
El analista advierte que la iniciativa no corrige las fallas de mercado de un sector donde cuatro jugadores controlan el 94% de la oferta de combustibles líquidos. El “techo” del biodiesel y el riesgo para las Pymes
Uno de los puntos más polémicos es el tratamiento diferencial entre el bioetanol y el biodiesel. Molina valora como positivo el aumento del corte de bioetanol al 15% y la habilitación de motores Flex Fuel. Sin embargo, critica que el corte de biodiesel se fije solo en un 10%, cuando por razones de salud pública y ambiental debería aspirar a una reducción más urgente del gasoil fósil.
La mayor preocupación radica en la figura del “coprocesado”. El especialista alerta que, al permitir que las petroleras cubran parte del corte mediante la incorporación de grasas o materia vegetal en la destilación de petróleo, el uso real de biodiesel puro podría caer incluso por debajo del 7,5% actual.
Este escenario, sumado a la eliminación de la regulación de precios y su reemplazo por una plataforma electrónica en el Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), podría derivar en una fuerte concentración. Sin topes a la participación de mercado por empresa, las grandes agroexportadoras y las petroleras podrían desplazar a las 25 pymes regionales, provocando cierres de plantas y la pérdida de unos 1.500 puestos de trabajo.
Frente al proyecto oficial, Molina manifestó su acuerdo con la postura de la Provincia de Santa Fe, que condicionó su apoyo a que el corte de biodiesel suba al 15% (con proyección al 20%) y se reserve un 40% de la demanda para empresas elaboradoras no integradas.
“El proyecto de ley presentado por los senadores Alejandra Vigo, Camau Espinola y Carolina Moises es muchísimo más razonable”, concluyó el analista, destacando que el actual sistema en Brasil —que ya avanza hacia un corte del 15%— debería ser la referencia para una política nacional más ambiciosa.
