De un invierno sin gas a un verano complicado

En este viernes previo al inicio de las vacaciones de invierno -para quienes transitan de manera directa o indirecta la vida escolar- lanzamos esta primera versión de prueba de Comunidad Energética, un newsletter semanal en el que vamos a repasar las principales novedades del sector, sumando información y aportando una perspectiva diferente. 

Cuando todavía no se terminan de establecer los motivos de los cortes de gas que por primera vez en décadas afectaron también a usuarios residenciales, las autoridades de Energía se preparan para afrontar una nueva ola de frío polar a fines de julio. 

¿Qué pasó para que medio país se quede sin gas? Las actas del Comité de Emergencia, que encabeza Enargas y del que participan también CAMMESA, Enarsa, la Secretaría de Energía y tanto las empresas transportistas (TGN y TGS) como las distribuidoras (Metrogas, Camuzzi, Naturgy, etc), no reflejan la dimensión de la crisis que afectó a la industria, a la provisión de GNC y obligó a generar energía con combustibles líquidos, más caros que el gas. 

Las reuniones, de modalidad virtual, fueron convocadas recién el 1 de julio a la noche, cuando los problemas habían comenzado el 27 de junio -según quedó registrado- y la falta de gas alcanzaba los 6,5 millones de metros cúbicos, según dijeron las transportistas. ¿Por qué se tardó tanto? 

A eso hay que sumarle que ese 1 de julio se perdieron 12,5 millones de metros cúbicos de linepack, mientras se venían autorizando exportaciones a Chile por 7 millones de metros cúbicos. ¿Por qué no se restringieron para abastecer la demanda local, como establecen las normas vigentes? 

Tampoco termina de quedar claro por qué si se advertía una caída en la inyección de gas por parte de las empresas productoras, el comité no las citó para que den explicaciones. 

Otra aspecto saliente que surge de las actas es que el corte de GNC fue total en buena parte del país pero se evitó en las zonas de Metrogas y Naturgy, distribuidoras del AMBA, quizá por el temor a la reacción de miles de automovilistas que usan sus vehículos a gas para trabajar. 

De cara a lo que viene, y para que la situación no sea tan extrema, Enarsa lanzó la compra de 5 barcos de GNL para agosto. Las ofertas se ubicaron en torno a los 12,5 dólares por MBTU (unidad de medida), lo que costará unos 130 millones de dólares. Como en otros “tenders” el único oferente será la inglesa BP.

La empresa pública que el gobierno busca privatizar lleva comprados 22 cargamentos de gas licuado por 566 millones de dólares. Todavía faltan 2 para completar los 29 buques que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó al Senado están previstos para este año, más que en 2024 en volumen y valor. 

Además del invierno, el Gobierno espera dolores de cabeza en el próximo verano por cortes de energía. Por eso avanza en la licitación de baterías -una tecnología que nunca se usó en el país- para reforzar los nodos críticos de Buenos Aires. 

Si bien la apertura de sobres mostró 15 empresas interesadas y ofertas por 1.300 millones de dólares, la mala noticia es que su instalación -según la propia Secretaría de Energía- lleva entre 12 y 18 meses. Tomando en cuenta que los contratos recién podrían firmarse a fines de agosto, las baterías no estarán para el próximo verano. 

Estos sistemas de almacenamiento -conocidos como BESS- tampoco resuelven la falta de energía: deben ser cargados con la generación existente y en los pliegos sólo se les exige 3 horas diarias de uso: se carga de noche para funcionar en el pico de la tarde. Tendrán un costo de 15 mil dólares por Mwh y en caso de que no se pueda trasladar a los usuarios, CAMMESA ya avisó que garantizará el pago, es decir con subsidios.

El problema para la cartera que conduce María Tettamanti -bajo la mirada atenta de Daniel González, el hombre del ministro Luis “Toto” Caputo en el sector- es que no se avanzó con la solución estructural a la falta de energía en Buenos Aires y el conurbano (suponiendo que Edenor y Edesur inviertan para mejorar las redes), que es el plan de alta tensión AMBA I. Durante la gestión de Alberto Fernández se habían conseguido 1.100 millones de dólares de China pero las trabas internas -en particular de un ex funcionario con intereses en el BID- dejaron el proyecto en stand by. 

Por la saturación de las líneas de alta tensión no se puede inyectar más energía en la principal ciudad del país y tampoco se puede producir más en las grandes centrales como Puerto y Costanera por sus máquinas viejas y porque tampoco existe lugar ni consenso para  instalar nuevas centrales térmicas.

A fines de mayo la Secretaría de Energía anunció un ambicioso plan de  5.610 nuevos kilómetros de líneas eléctricas pero todavía no licitó ninguna. 

La otra plata floja para el verano es la generación. En enero se alcanzó un pico histórico de demanda de 30.257, sin obras de generación en marcha, la provisión de energía para el año próximo estará muy complicada. El cuadro se agudiza porque la central nuclear Atucha I seguirá fuera de servicio por obras de extensión de vida. 

Por otro lado, escala el conflicto salarial en las centrales térmicas San Martín y Belgrano, cuyo accionista mayoritario es Enarsa, junto a generadores privados. Mientras el Gobierno amaga con venderlas, en CAMMESA preocupa que las demandas se transformen en medidas de fuerza que afecten 1.500 MW de base.

El Gobierno espera que las inversiones para producir más energía vengan del sector privado pero al momento el único proyecto de energía presentado bajo el RIGI es un pequeño parque solar en Mendoza, que construirá YPF. 

Tampoco llegó todavía el primer desembolso del crédito que 2.000 millones de dólares que aportarán 5 bancos internacionales para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, la obra que permitirá exportar 550.000 barriles adicionales de petróleo de Vaca Muerta desde las costas de Río Negro. La tasa, cercana al 10 por ciento, sorprendió por lo elevada para este tipo de proyectos. Los 250 millones de dólares son esperados con ansiedad en el ministerio de Economía, en medio de tensiones cambiarias. 

En lo que sí parece haber ganado tiempo el Gobierno es en cumplimiento del fallo de la jueza Loretta Preska, que obligaba a transferir el 51 por ciento de las acciones de YPF al Fondo Burford, quien litiga en nombre de los prejuicios que le habría causado en 2012 la expropiación a los accionistas no indemnizados, como el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Algún detalle que se le pudo haber escapado a Carlos Zannini, arquitecto jurídico de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que la cámara de apelaciones de Nueva York dejó en suspenso la medida de Preska y llamó a una audiencia. 

El ataque a las acciones de YPF puso en guardia a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, quien ya mostró al inicio de la era Milei que no huye del choque. Acompañado de su vicegobernador, afirmó desde la sede de la petrolera en su provincia que va a defender sus papeles en YPF “hasta las últimas consecuencias”. De paso, Torres aprovechó para fustigar a sus antecesores por el escaso 4 por ciento que le tocó a la provincia cuando se estatizó y se quejó que Mendoza tiene el 10 por ciento. 

Sucede que cuando Cristina Fernández de Kirchner impulsó la recuperación del 51 por ciento de las acciones de YPF, se  estableció que de ese paquete el 49 por ciento (es decir el 24 del total) sería para los estados miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), tomando como referencia los el rol de cada una, algo que fue refrendado en un convenio. Sin embargo, esas acciones siguen siendo del Estado Nacional, porque nunca se concretó el traspaso de la titularidad. 

No todas son malas noticias, sobre todo cuando se trata de funcionarios despedidos que pudieron rehacer su vida profesional, aunque siempre vinculados al Estado. Primero el ex secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo recaló en el directorio de YPF con un sueldo millonario. Ahora su compañero en la Facultad de Derecho de la UBA y ex presidente de Enarsa Juan Carlos Doncel Jones fue designado como síndico en CAMMESA, cargo que tenía antes de su fallida experiencia como ejecutivo de la empresa se encamina a su desguace y cierre.