Como antecedente a la escandolsa condonación que impulsa el Gobierno, en 2019 ambas distribuidoras suscribieron acuerdos con el Estado Nacional para compensar sus deudas con CAMMESA, multas impagas y otros conceptos correspondientes al período 2006-2017. Los convenios fueron posteriormente anulados por irregularidades en los cálculos y por resultar perjudiciales para los usuarios y el Estado.
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La iniciativa de perdonarle millonarias deudas a las distribuidoras eléctricas para sanear sus cuentas, como la que impulsa el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción en el Congreso, no es novedosa. En 2019, en el ocaso de su gestión, el gobierno de Mauricio Macri promovió acuerdos para regularizar supuestas obligaciones “recíprocas” con las distribuidoras Edenor y Edesur.
La justificación era el traspaso de la concesión de ambas compañías a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, algo que finalmente no llegó a concretarse. También se esgrimió que la mala calidad del servicio era por la falta de actualización tarifaria, pero luego se comprobó que habían percibido más de lo que correspondía según la renegociación contractual de 2005.
Tras el cambio de administración en diciembre de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández encomendó al ENRE -con Federico Basualdo al frente- la realización de una auditoría integral, que concluyó que el proceso presentó “vicios” insalvables e irregularidades que incluso derivaron en denuncias penales contra los funcionarios que lo llevaron adelante. Es que casi por arte de magia se habían convertido deudas en activos.
Uno de los aspectos más cuestionados fue la metodología utilizada para determinar el denominado “activo regulatorio”, es decir la compensación que según decían le correspondía a las empresas por las subas de tarifas no aplicadas.
Para esa tarea, Juan Luchillo, entonces subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, solicitó al ENRE que estimara la diferencia entre los ingresos que Edenor y Edesur obtuvieron entre 2006 y 2018 y los que deberían haber percibido —más intereses— si las tarifas se hubieran ajustado durante ese período.
En su respuesta, el ente regulador, entonces conducido por Andrés Chambouleyron, informó un “activo regulatorio” para Edenor de $22.287 millones (unos 530 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento) y de $21.738 millones para Edesur (alrededor de 517 millones de dólares), lo que luego fue convalidado por las autoridades.
Según la auditoría, el punto más escandaloso del cálculo del “activo regulatorio” fue el mecanismo de actualización por inflación. En la renegociación de los contratos realizada en 2005 se había dispuesto un esquema de monitoreo de costos, pero como la gestión macrista no confiaba en los datos del INDEC optó por utilizar, de manera discrecional, índices alternativos.
De acuerdo con el informe, ello derivó en coeficientes de actualización del Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) a partir del 1° de noviembre de 2005 superiores a los que hubieran resultado de aplicar los índices previstos en las Actas Acuerdo. Incluso superaron otros indicadores de referencia, como los índices de ajuste por inflación publicados por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) para el mismo período.
Por su parte, las distribuidoras reclamaban atrasos en los pagos correspondientes a los subsidios de la tarifa social —un régimen implementado durante la gestión de Juan José Aranguren— y a la energía consumida en asentamientos populares, mecanismo previsto en los contratos originales mediante el cual el Estado se hace cargo de esos consumos.
Lo más controvertido fue como resultado de las cuentas las cuentas ambas compañías terminaron con saldos a favor. Es decir, una vez descontadas las multas y los resarcimientos adeudados a los usuarios, el Estado resultó deudor de las distribuidoras. Esa situación luego se reflejó en los balances de las empresas mediante el reconocimiento de ingresos devengados, que si bien no implicaron transferencias efectivas de fondos, les permitieron mejorar su situación patrimonial.
Respecto de las deudas atribuidas a Edenor y Edesur, los auditores concluyeron que el acuerdo permitió convertir multas destinadas a compensar a los usuarios por interrupciones del servicio en “inversiones adicionales”, afectando así los derechos de los consumidores.
Además, se aplicaron criterios de cálculo que redujeron sustancialmente las obligaciones de las concesionarias. Según los informes, ello implicó una disminución no explicitada de más de $17.000 millones entre ambas empresas respecto de los cálculos oficiales elaborados por el ENRE.
Otro organismo que analizó la cuestionada condonación fue la Procuración del Tesoro de la Nación, que concluyó que el acuerdo era nulo de nulidad absoluta e insanable debido a múltiples vicios.
Según el dictamen, los convenios se sustentaron en antecedentes de hecho falsos —por errores en los cálculos de los montos involucrados— y violaron la normativa aplicable al no respetar las condiciones establecidas en las Actas Acuerdo de 2005 y 2006.
La Procuración señaló que no se realizaron las audiencias públicas previas, un requisito constitucional destinado a garantizar el derecho a la información y a la participación de los usuarios.
También sostuvo que el acuerdo persiguió una finalidad distinta a la prevista por la ley, al otorgar beneficios económicos indebidos a empresas privadas en perjuicio del erario público.
A raíz de estas irregularidades, fueron denunciados por presuntas maniobras de malversación de caudales públicos el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el entonces secretario de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade. A su vez, el ministerio de Economía denunció los acuerdos en el fuero contencioso administrativo federal.
