Tras apoyar con matices al Gobierno durante los últimos dos años, la Cámara Argentina de la Construcción alerta sobre la parálisis de las obras y la falta de un plan integral que motorice la economía.
Tras apoyar con matices al Gobierno durante los últimos dos años, la Cámara Argentina de la Construcción alerta sobre la parálisis de las obras y la falta de un plan integral que motorice la economía.

Por
Post Energético
En la ciudad de Rosario se llevó a cabo el 147° Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), encuentro en el cual la institución emitió una declaración oficial expresando su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa la infraestructura en el país. Representantes de delegaciones de todo el territorio nacional se reunieron para reafirmar el rol de la construcción como un motor estratégico para el desarrollo económico y social.
Durante las deliberaciones, los referentes del sector advirtieron sobre las graves consecuencias de la paralización de obras, la falta de mantenimiento y la ausencia de un plan integral de infraestructura a nivel nacional. Asimismo, se hizo especial hincapié en la deuda pendiente que el Estado Nacional mantiene con las empresas constructoras y cómo la coyuntura económica actual está impactando negativamente tanto en la obra privada como en los niveles de empleo.
Si bien desde CAMARCO, que conduce Gustavo Weiss, destacaron algunos avances puntuales, como el inicio del sistema de concesiones viales, señalaron que el alcance es limitado y que persiste la necesidad de resolver el mantenimiento en extensos tramos de la red vial que no están concesionados.

Ante este escenario, la entidad propuso formalmente la construcción de un acuerdo nacional de largo plazo que permita planificar inversiones estratégicas con una mirada federal. Entre las medidas urgentes orientadas a revertir la crisis, la declaración de CAMARCO incluyó la reactivación de las obras que se encuentran paralizadas, la cancelación de las deudas estatales con las empresas y la normalización de fondos específicos y la implementación de esquemas de financiamiento con participación del sector privado. También se solicita el impulso a un programa federal que promueva el empleo formal, la capacitación y la transparencia en la ejecución de las obras.
La institución subrayó que la infraestructura debe ser considerada una política de Estado esencial para el desarrollo sostenible del país.