Un funcionario del gobierno bonaerense consideró que la reforma energética que impulsa Milei es “inconstitucional” porque “avasalla” la autonomía provincial en materia tarifaria.
Un funcionario del gobierno bonaerense consideró que la reforma energética que impulsa Milei es “inconstitucional” porque “avasalla” la autonomía provincial en materia tarifaria.
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, advirtió que podría recurrir a la vía judicial si el Congreso aprueba el paquete de reformas energéticas que impulsa la administración nacional de Javier Milei. Desde La Plata consideran que las modificaciones propuestas son “inconstitucionales” y representan un avasallamiento a la autonomía provincial en materia tarifaria.
Uno de los puntos de mayor tensión es el recorte al Régimen de Zonas Frías, que de aprobarse la ley, volvería a los parámetros previos a 2021. Según Gastón Ghioni, subsecretario de Energía bonaerense, esto dejaría a 94 municipios de la provincia fuera de los beneficios actuales.
El cambio legislativo propone que la bonificación solo alcance a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), es decir, hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales. Además, el descuento ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino exclusivamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema (PIST), dejando fuera los costos de transporte y distribución.
La preocupación de la Provincia se extiende también a la eliminación del Fondo Compensador Tarifario, una herramienta esencial para la sostenibilidad de las cooperativas eléctricas del interior bonaerense. Ghioni advirtió que para muchas de estas entidades, el ingreso por este fondo es más relevante que la propia tarifa, la cual debería multiplicarse por cinco para cubrir costos sin este auxilio.
“Nosotros tenemos un plan y lo que está en ejecución seguirá, pero si se sanciona la ley no se podrá seguir expandiendo”, indica Ghioni. En los últimos días, cuenta, se licitaron tres grandes obras de electricidad. Una línea de alta tensión en San Pedro por 28 mil millones de pesos, obras para una cooperativa de Mar de Cobo y, en Villa Gesell, la construcción de una subestación. “Todo con fondos provinciales”, remarca y alerta que, a futuro, este camino de desarrollo de infraestructura quedaría trunco.
Asimismo, el proyecto nacional busca prohibir la inclusión de conceptos ajenos al servicio en las facturas, lo que impediría a la Provincia y a los municipios cobrar tasas de alumbrado público e impuestos destinados a obras de infraestructura. Al respecto, la Provincia ya cuenta con antecedentes judiciales favorables que le han permitido mantener el cobro de estos ítems para financiar la expansión de las redes eléctricas y de gas.
Para el subsecretario Ghioni, estas medidas forman parte de una “profunda desregulación del sector” que busca eliminar la intervención estatal y la prioridad del abastecimiento interno. La gestión provincial alerta que, sin la posibilidad de recaudar a través de las boletas, se interrumpiría el financiamiento de obras clave de media y alta tensión, así como la expansión del suministro en pequeños pueblos a través de la empresa estatal BAGSA.
En paralelo a este conflicto, el Ejecutivo nacional también impulsa un polémico mecanismo de condonación de deudas con CAMMESA para grandes distribuidoras como Edenor, Edesur y el Grupo DESA, lo que suma un elemento adicional de controversia al debate sobre la normalización del sistema energético.
