Mientras el Sindicato Luz y Fuerza denuncia que la cancelación del Plan TERCONF por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo el sistema eléctrico tras un masivo corte de luz, la Casa Rosada impulsa una ley para condonar deudas de la empresa de Rogelio Pagano con CAMMESA por más de 470 millones de dólares.
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El pasado domingo, Mar del Plata amaneció a oscuras en medio de un apagón de gran magnitud que dejó al descubierto la fragilidad de su infraestructura energética. El corte, que comenzó minutos después de las 7 de la mañana, afectó a miles de usuarios y se extendió por casi dos horas, viéndose agravado por una densa niebla que redujo la visibilidad en toda la ciudad.
Según informó la distribuidora EDEA, el problema se originó por una falla en un equipo de la Estación Transformadora Mar del Plata, el principal punto de ingreso de energía de 132 kV a la ciudad. El incidente no solo dejó fuera de servicio semáforos, ascensores y sistemas de seguridad electrónica, sino que provocó el desborde de una cámara de agua en Plaza Mitre debido a la salida de funcionamiento de un flotante eléctrico de OSSE. El servicio recién se normalizó totalmente a las 9:40, luego de que la generación local de la Central 9 de Julio sirviera como respaldo estratégico para iniciar la recuperación.
En el sector apuntan a falta de inversiones por parte de la distribuidora del Grupo DESA, a pesar de los ajustes tarifarios que recibió en los últimos años. En la gobernación bonaerense, siguen con atención el devenir de este conglomerado, ya que la concesión es provincial.
Tras el incidente, el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata emitió un duro comunicado cuestionando la política de infraestructura del Gobierno Nacional. El gremio denunció que la cancelación del Plan TERCONF, representa un “error estratégico y operativo”.
Para los trabajadores, este proyecto era vital para renovar y repotenciar la Central 9 de Julio, garantizando la seguridad del abastecimiento en toda la zona. “Las obras de infraestructura energética no pueden evaluarse únicamente desde una perspectiva económica de corto plazo, sino por el valor estratégico que representan para la confiabilidad del sistema”, afirmaron desde el sindicato, exigiendo que se retomen las inversiones para evitar futuras contingencias.
El reclamo de inversión choca con la realidad política en el Congreso. Mientras se frenan obras clave, el Gobierno Nacional impulsa un proyecto de ley de “medidas energéticas” que incluye un mecanismo de condonación de deudas con CAMMESA.
Entre los grandes beneficiarios de este “perdón” millonario se encuentra el Grupo DESA, propiedad de Rogelio Pagano, que controla la distribuidora local EDEA, además de Edelap, Eden, Edes y Edesa. El holding de Pagano acumula una deuda de 474 millones de dólares con la mayorista eléctrica, lo que lo posiciona como el segundo actor más favorecido por la iniciativa oficial, solo detrás de Edenor.
La medida ha generado suspicacias debido a que la implementación del perdón de deuda está a cargo de Damián Sanfilippo, actual subsecretario de Energía Eléctrica, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de suministros del Grupo DESA y gerente general de Eden.
Desde la cartera de Energía, que encabeza María Tettamanti, justifican el perdón alegando que las distribuidoras no cuentan con recursos por el congelamiento tarifario y que la condonación es necesaria para evitar juicios por “activos regulatorios”. Sin embargo, para los usuarios y trabajadores de Mar del Plata, la contradicción es evidente: se perdonan deudas millonarias a las empresas mientras las obras necesarias para evitar que la ciudad se quede a oscuras permanecen paralizadas.
