Un informe del Partido Justicialista señala que la energía para los hogares creció un 75% en dólares durante el Gobierno de Milei, lo que implica una fuerte transferencia de renta de los usuarios a la industria energética sin inversiones en infraestructura.
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La implementación de la reforma del mercado eléctrico, una de las principales políticas con las que el Gobierno busca reconfigurar el sector energético, con menos intervención estatal y más inversión privada, no está dando, al menos hasta ahora, los resultados esperados.
De acuerdo con un informe elaborado por técnicos del Partido Justicialista, al que accedió El Post Energético, la aplicación del nuevo esquema produjo un fuerte aumento en el costo de la energía para los hogares, desincentiva la inversión en infraestructura y no brinda incentivos a los contratos “a término” entre generadores y grandes usuarios, uno de los caballitos de batalla de las autoridades a la hora de explicar los beneficios de la reforma.
El trabajo detalla que desde la asunción de Milei en 2023, el costo de la energía para los usuarios residenciales creció un 75 por ciento en dólares, mientras que para los comercios el impacto fue del 57 por ciento en la misma moneda. En el caso de la industria, el alza alcanza al 7 por ciento. “La desregulación del mercado eléctrico y su nuevo funcionamiento descargan el costo más caro del sistema sobre los hogares y los comercios, que pasaron a pagar más que las industrias”, destaca el reporte.
Como consecuencia del fuerte aumento del precio de la energía el gobierno nacional redujo drásticamente los subsidios energéticos. Sin embargo, afirma el documento, la dolarización de los precios del sistema y el remate de los activos estratégicos profundizaron la exposición del mercado energético a los desequilibrios macroeconómicos, acentuando el riesgo regulatorio.
La reforma del mercado eléctrico comenzó a aplicarse en noviembre de 2025, cuando la secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, emitió la Resolución Nº 400/2025, con la que modificó el Mercado Eléctrico Mayorista y la asignación de precios para los distintos tipos de usuarios.
El abastecimiento de la demanda residencial se dispuso a través de la denominada “generación asignada” -donde están la energía hidroeléctrica, nuclear y los contratos renovables y térmicos PPA-, lo que en la práctica terminó haciendo subir el precio, mientras que una porción de la no residencial y los grandes usuarios compran energía a precio “spot”, que por contrariamente lo esperado resultó ser más bajo.
Este “rebalanceo” de los costos del sector eléctrico que realizó el Gobierno terminó “descargando todos los contratos sobre la demanda asignada, es decir principalmente sobre los usuarios residenciales”, según destaca el PJ y detalla que el precio spot proyectado por CAMMESA para 2026 es de 51 dólares por MWh mientras que los usuarios residenciales abonan 67 dólares.
El informe también destaca que la decisión del Gobierno de frenar toda la obra pública, se suma el “fracaso” del nuevo esquema como incentivo a las inversiones, lo que deja al sistema en cuello de botella que podría devenir en una crisis energética en caso de un repunte económico que haga subir la demanda de energía.
“Además de producir una fuerte transferencia de ingresos de los hogares a la generación eléctrica, en especial a la térmica, este esquema no ofrece incentivos para nuevas inversiones de infraestructura para ampliar la potencia instalada ni el transporte por lo que transcurrido más de la mitad del mandado de Milei no se realizó ninguna obra ni se avizora que pueda concretarse alguna en lo que le resta”, señalan.
En esa línea, el trabajo advierte que la reforma del mercado buscaba que los grandes usuarios firmen contratos directamente con los generadores, con la promesa que de pagarían menos por la energía pero por la baja del precio “spot” quienes permanecieron comprando la energía a CAMMESA pagan más barato.
“Esta reforma se proponía emitir señales de precios que impulsen nuevas inversiones y terminó generando un mercado de renta sin inversión. No existen mecanismos ni ámbitos que promuevan inversiones en infraestructura por lo que en realidad se trata de una transferencia de ingresos de los distintos sectores a la industria energética”, concluye el texto.
