La modificación del régimen de zonas frías para usuarios de gas natural, aprobada en Diputados, implicaría subas de hasta 207% en la provincia de Buenos Aires y del 106% en la Patagonia. El proyecto se retomaría tras el receso invernal pero enfrenta resistencias en el Senado, incluso entre aliados al Poder Ejecutivo.
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El Gobierno busca retomar en el Senado, tras el receso invernal, el debate sobre la reforma del régimen tarifario por “zona fría”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El proyecto enfrenta nuevas dificultades por la falta de apoyo, incluso de aliados, para discutir una propuesta que limita las ampliaciones aprobadas en 2021 y modifica la base de cálculo del beneficio original para la región patagónica, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe.
El régimen propuesto forma parte de un capítulo de la ley que obtuvo media sanción en mayo e incluye también la polémica condonación de deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, entre otros temas. El expediente fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado, pero aún no fue tratado; se espera que el Ejecutivo aguarde el fin del invierno para volver a impulsarlo.
De los 3,26 millones de usuarios que hoy perciben algún grado de beneficio por zona fría, una gran parte quedaría sin descuento si prospera la iniciativa, mientras que el resto mantendría un beneficio acotado a volúmenes de consumo base definidos mensualmente. El número final dependerá de cuántos hogares de la “zona ampliada” cumplan con los requisitos.
En tanto, el sistema se seguiría financiando con un recargo en el precio del gas natural (actualmente del 7,5%), pero el texto faculta al Ministerio de Economía a aumentar o reducir dicho recargo hasta en un 50% según las necesidades del fideicomiso.
El cambio más trascendente que impulsa el oficialismo afecta a las regiones de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas al beneficio mediante la Ley N° 27.637 en 2021. Ese esquema hoy establece que todos los hogares tienen un 30% de descuento sobre el cuadro tarifario, que se eleva al 50% para los vulnerables.
De aprobarse la ley, el beneficio dejaría de ser universal en estas zonas y se limitaría exclusivamente a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), es decir, aquellos hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Quienes no cumplan esos requisitos deberán pagar el precio pleno.
De acuerdo con cálculos de El Post Energético, un hogar de Salliqueló, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con un consumo mensual de 400 m3, tendría un incremento del 207%, pasando de una factura final para julio de $53.257 a $163.370. El impacto se debe a que no tendría ninguna bonificación, por lo que abonaría lo mismo que un hogar de la Ciudad de Buenos Aires.
Para los usuarios que hoy forman parte del programa SEF, la suba llega al 110%: una boleta que hoy es de $66.950 aumentaría a $140.864. Es que esos clientes, en caso de sancionarse la nueva ley, en lugar de tener bonificado todo su consumo sólo conservarían un bloque de gas —que varía según la región y la categoría de consumo—, lo que les permitiría mantener parte del beneficio pero mucho menos que el actual.
Pese a que en su discurso el Gobierno puso la mira en las llamadas “zonas ampliadas”, los hogares de las regiones originales —la Patagonia, la localidad mendocina de Malargüe y la Puna— también verán un recorte importante del beneficio. El proyecto mantiene el descuento del 50% pero modifica la base de cálculo: deja de tomarse el cuadro tarifario completo y se aplicaría sólo al precio del gas PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte), excluyendo transporte y el cargo fijo.
Un hogar de Río Gallegos, con un consumo mensual de 625 m3 y tomando los valores de julio, pasaría de pagar $114.892 a $147.673, lo que implica una suba del 29%. El impacto es aún mayor para los usuarios de esa región que forman parte del programa SEF: para ese mismo nivel de demanda, marcaría un incremento del 106% —de $30.892 a $63.673— porque hoy, además de pagar el 50% del cuadro tarifario (es decir, el costo del gas, el transporte y la distribución), tienen el descuento adicional por los subsidios, lo que en la práctica hace que el bloque subsidiado esté casi bonificado en su totalidad.
Otro elemento que explica el impacto para los usuarios de la zona fría original es que la reducción dejaría de aplicarse sobre el cargo fijo, que por los ajustes tarifarios aplicados desde 2024 tiene mayor peso en la boleta final.
