El Gobierno avanza con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares. La Secretaría de Asuntos Nucleares, que conduce Federico Ramos Nápoli, trabaja en los pliegos con la intención de lanzarlos en septiembre, con un precio base que debe fijar el BICE. El paquete de acciones a vender alcanza el 44%, mientras el Estado se quedará con la mayoría del 51% y un 5% irá a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).
Las autoridades del sector nuclear anticiparon que existe interés por parte de empresas nacionales e internacionales. También consideran que es una gran oportunidad para impulsar la recién creada unidad de servicios e ingeniería de Nucleoeléctrica, a la que ven con gran potencial por la experiencia que tiene la compañía estatal en tareas complejas, como extensiones de vida —realizaron la de Embalse y están ejecutando la de Atucha I— o en el almacenamiento de elementos combustibles.
Tras dar de baja el acuerdo con China para la construcción de una central tipo Hualong de uranio enriquecido, no está prevista la construcción de nuevos reactores de esa escala.
La reactivación de la minería de uranio
Uno de los focos estratégicos de la gestión actual es retomar la minería de uranio en el país que, si bien domina el ciclo completo del combustible nuclear, abandonó hace unas tres décadas la explotación de ese mineral clave. El objetivo es reactivar yacimientos y conseguir nuevas inversiones para producir 2.000 toneladas por año del llamado yellow cake, es decir, diez veces las necesidades locales. Esto podría reportar divisas por 800 millones de dólares por año.

Días atrás, Ramos Nápoli visitó Sierra Pintada, en Mendoza, donde supervisó las tareas de remediación y dialogó con las autoridades provinciales sobre la importancia de reactivar la mina, que podría producir 120 toneladas de uranio.
El segundo segmento al que se apunta son los elementos combustibles. La empresa Nano Energy presentó una iniciativa privada para completar la planta de Formosa y producir dióxido de uranio y, en una segunda etapa, hexafluoruro de uranio, que se usa en los procesos de enriquecimiento; actualmente el país lo importa de Brasil.
La exportación de servicios e ingeniería
Hace pocas semanas, Nucleoeléctrica Argentina modificó su estatuto y creó una división de servicios e ingeniería para apuntar al mercado global. Quienes comandan hoy el sector nuclear argentino consideran que las exportaciones del rubro no se condicen con el grado de desarrollo ni con el liderazgo regional que tiene el país.

La experiencia de NA‑SA, acumulada durante años —especialmente por la finalización de Atucha II en 2015, en la que tuvo que actuar como “constructor” porque el proveedor alemán original se había retirado; la extensión de vida de Embalse; y la construcción de espacios de almacenamiento de combustibles quemados— la posiciona para salir al mercado global.
Más aún en un contexto donde la energía nuclear vuelve a ser vista como una opción: se construyen más de 70 reactores en el mundo y se reinician proyectos paralizados o se planifican extensiones de vida. NA‑SA tiene a la firma un acuerdo con Rumania por el que podría participar en las obras para ampliar la vida útil de la central Cernavodă, que tiene tecnología Candu la misma de Embalse. Es un proyecto por un total de 2.700 millones de dólares.
Por otro lado, organismos multilaterales como la CAF o el BID apuntan a financiar proyectos de reinicio o extensión de vida de centrales, ya que llevan entre cuatro y cinco años —es decir, la mitad del tiempo que demanda un reactor desde cero— y, con un desembolso del orden de 2.000 a 3.000 millones de dólares, se pueden sumar 30 años de operación adicional.
Además, al menos diez países de Latinoamérica tienen intención de impulsar de alguna forma el sector nuclear, y Argentina es el país hispanoparlante con más desarrollo a nivel regional.