El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, aseguró que “pronto” se lanzará la licitación de AMBA I, un proyecto destinado a aliviar los cuellos de botella de la red eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires que ya fue anunciado en varias oportunidades.
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El Gobierno reconoció que el sistema energético atraviesa una situación de “estrés permanente” en todos sus segmentos —generación, transporte y distribución— y volvió a prometer el lanzamiento de la licitación de AMBA I, una obra considerada estratégica para reforzar el abastecimiento eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El anuncio fue realizado por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante la inauguración de la ampliación de la estación transformadora Ezeiza, desarrollada por la empresa PCR. Aunque evitó precisar una fecha, el funcionario aseguró que la convocatoria para la construcción de AMBA I se concretará “pronto”.
González destacó que la ampliación de Ezeiza contribuirá a mejorar la operación del sistema, pero sostuvo que serán necesarias inversiones adicionales en toda la cadena eléctrica para acompañar el crecimiento de la demanda. En ese sentido, ratificó la postura oficial de que esos desembolsos deben ser impulsados por el sector privado y no por el Estado, siguiendo el esquema promovido para los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
AMBA I es uno de los proyectos de infraestructura eléctrica más relevantes para el sistema argentino. La obra busca reforzar el anillo de alta tensión que abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires, una región que concentra alrededor del 40% del consumo eléctrico nacional y donde las limitaciones en la red de transporte se vuelven especialmente críticas durante los picos de demanda.
La inversión prevista oscila entre los USD 1.100 y 1.150 millones. La intención oficial es adjudicarla bajo el esquema de concesión de obra pública, mediante el cual un privado financia la construcción y recupera la inversión a través de los ingresos obtenidos por la operación de la infraestructura una vez finalizada.
Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el financiamiento. La Secretaría de Energía evaluó inicialmente la posibilidad de implementar un mecanismo de “estampillado”, mediante el cual los usuarios comenzarían a aportar recursos antes de la finalización de las obras. La propuesta, no obstante, generó resistencia dentro del propio Gobierno y terminó siendo descartada por el Ministerio de Economía.
Actualmente, la alternativa que aparece con mayores posibilidades es la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante un esquema de garantías que facilite el acceso al crédito para el futuro concesionario. Según fuentes del sector, las conversaciones se encuentran avanzadas, aunque la instrumentación legal de ese mecanismo continúa bajo análisis en el Ministerio de Economía.
La decisión final dependerá de la aprobación del equipo que conduce Luis Caputo, que deberá definir si el esquema es compatible con la estrategia fiscal y financiera del Gobierno.
