El Gobierno nacional terminó de sellar este martes el polémico traspaso de un activo estratégico clave para la soberanía energética del país. Mediante la Resolución 673/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se adjudicó la totalidad de la participación accionaria del Estado en CITELEC S.A. (sociedad controlante de Transener) al consorcio integrado por Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A..
La oferta ganadora alcanzó los USD 356.174.811, superando los USD 301 millones ofrecidos por Central Puerto y los USD 230 millones de Edenor, en un proceso que incluyó una llamativa caída del sistema. Si bien en una primera instancia no aparecía la propuesta de los Neuss, cuando se reparó la página web quedó en primer lugar.
De esta manera, el Estado se retira completamente de la transportista que opera la “columna vertebral” del sistema eléctrico nacional: una red de más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión que atraviesan el país de Jujuy a Santa Cruz.

Una empresa nueva para un negocio estratégico
Lejos del exitismo del discurso oficial, en el sector la privatización de Transener es vista con una mezcla de sorpresa y preocupación. Es que Edison Energía es una empresa de vertiginoso crecimiento e incluso el vehículo jurídico utilizado en la compulsa se inscribió en la Inspección General de Justicia el 2 de marzo pasado.
La expansión de los Neuss en el rubro energético ya incluye el control de distribuidoras como EDET (Tucumán), EJESA (Jujuy) y EDERSA (Río Negro), además de activos en generación hidroeléctrica -las centrales Alicurá y Cerros Colorados-.
Esta falta de antecedentes técnicos en una empresa de reciente formación —compuesta por otras sociedades de nula antigüedad de los mismos dueños— no fue impedimento para que la Comisión Evaluadora, compuesta por Favio Emir Ramírez, Horacio Guadagni y Ana Díaz Martinez, precalificara su oferta como la mejor. Quizás por la presencia de Genneia, la compañía que lidera Jorge Brito, una de los grandes jugadores en energías renovables.

La semana pasada, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley con “medidas energéticas” que incluía la condonación de deudas las deudas por multas impagas que acumula Transener, una medida que parece haber sido diseñada a medida para mejorar el balance de la empresa justo antes de que los Neuss tomaran el control.
Desde la oposición y sectores técnicos han alertado que esta privatización es una decisión “irracional” motivada únicamente por la necesidad de fondos fiscales de corto plazo. Al entregar el control de las líneas de 500 kV a un grupo empresario con fuerte cercanía a la gestión actual, no solo se pone en duda la transparencia del proceso, sino que se compromete la seguridad nacional al dejar en manos privadas sin trayectoria el manejo del SADI (Sistema Argentino de Interconexión).
Además, de los hermanos Juan y Patricio Neus, Edison Inversora se completa con los dueños de Grupo Newsan —Rubén Cherñajovsky y Luis Galli—, además de Inverlat Investments, a cargo del exbanquero Guillermo Stanley, su yerno (esposo de Carolina) y exministro de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, Federico Salvai (dueños de Havanna), además de Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli.
Con la firma de esta resolución, el Ministerio de Economía fijó un plazo de 15 días hábiles para la suscripción del contrato de compraventa de acciones. Se consolida así un esquema donde, bajo el argumento de que el sector privado debe invertir para evitar el colapso, se transfieren activos estratégicos a grupos de negocios que han florecido a la sombra del poder de turno.