ACIGRA envió una dura nota a la Secretaría de Energía en la que expresó su “preocupación” por la asignación de gas licuado importado, en un contexto internacional turbulento y con “pérdida de competitividad” para la industria nacional. Piden un “camino intermedio” para este invierno.
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A las puertas de un nuevo período invernal, el plan del Gobierno para retirar al Estado de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y delegar la tarea en manos privadas enfrenta cuestionamientos por parte de los sectores productivos. La Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA) expresó formalmente su preocupación ante lo que consideran un esquema que genera señales “sumamente distorsivas” en materia de precio, disponibilidad y operación.
“Vemos con preocupación algunas medidas que podrían implementarse sobre la asignación del GNL importado en un contexto internacional energético turbulento y con ciertos sectores de la industria nacional con pérdida importante de competitividad”, sostiene la nota, firmada por su presidente, Gabriel Pablo Vendrell, quien también es gerente de Aluar, empresa cuyo dueño, Javier Madanes Quintanilla, tuvo un duro enfrentamiento con el Gobierno de Mieli por el cierre de FATE.
ACIGRA es una entidad que nuclea a grandes industrias que utilizan este combustible en sus procesos productivos y representa la mitad del consumo de gas fabril del país. Participan pesos pesados como Aluar, Aceitera General Deheza, Aceros Zapla, Arcor, Cargill, Peugeot y Profertil, entre otros.
En la misiva dirigida a la secretaria de Energía, María Tettamanti, a la accedió El Post Energético, ACIGRA planteó que no existe un “entendimiento cabal” por parte de la demanda sobre los cambios normativos recientes. La entidad advirtió que la determinación de la demanda individual de cada industria no es viable, ya que depende de variables incontrolables como la temperatura, el estado del sistema de transporte y las restricciones locales.
La carta responde a un pedido de la cartera energética para que las grandes industrias informen sus necesidades de gas natural para los próximos dos meses. Los industriales fueron contundentes: aseguraron que no cuentan con datos suficientes para estimar volúmenes sin riesgo de sobrecompra.
Además, la asociación que los nuclea teme que la aparición de nuevos actores derive en “posiciones abusivas” y rentas extraordinarias que encarezcan el producto de forma desproporcionada. También alertaron que muchas industrias no cuentan con equipos operativos preparados para la complejidad que implica este nuevo esquema de contratación.
Ante este escenario, ACIGRA propuso un “camino intermedio” para el invierno 2026, donde la Secretaría de Energía mantenga la responsabilidad de estimar volúmenes, contratar y distribuir el gas, asegurando un precio único de GNL y regasificación que sea cubierto íntegramente por la demanda.
Mientras la industria reclama certezas, la empresa estatal Enarsa —que el Gobierno busca “correr” de la intermediación para ganar eficiencia— avanzó con el proceso de licitación para seleccionar un “cargador” privado. En la apertura de sobres técnicos realizada esta semana, se presentaron dos propuestas, aunque la compañía que dirige Tristán Socas mantuvo los nombres bajo “confidencialidad”.
Sin embargo, trascendió que las interesadas son la trader global Trafigura y la empresa Naturgy. Ante la demora en los plazos originales, el Gobierno decidió acortar el cronograma de adjudicación para la próxima semana, dado que el primer buque debería arribar a fines de abril.
No obstante, la propia Tettamanti admitió que, de no lograrse la privatización de las importaciones este año, el esquema podría postergarse para 2027. De hecho, Enarsa ya tiene listo un concurso de urgencia para comprar los primeros dos barcos por la vía tradicional si el proceso privado no llega a tiempo para el inicio del frío.
El cambio de modelo se produce en un momento crítico para el mercado energético global. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán disparó el precio del GNL a 20 dólares por millón de BTU, casi el doble de los 12 dólares promedio pagados el año pasado.
Este sobrecosto genera una duda central: ¿quién asumirá la diferencia?. Mientras que el gas para generación eléctrica se paga vía CAMMESA, el destino a hogares y comercios aún no refleja estos valores en las facturas, lo que abre el interrogante sobre un posible salto en las tarifas o un aumento de la morosidad.
Con la infraestructura de transporte local aún limitada —la ampliación del gasoducto Perito Moreno recién estaría lista en 2027—, la dependencia del GNL importado sigue siendo el “cuello de botella” que mantiene en vilo tanto al Gobierno como a la industria nacional.
