La secretaría de Energía estableció una serie de cambios que implican la reasignación de la capacidad de los gasoductos, la rescisión de contratos, la dolarización del gas y la suspensión de las obras públicas.
La secretaría de Energía estableció una serie de cambios que implican la reasignación de la capacidad de los gasoductos, la rescisión de contratos, la dolarización del gas y la suspensión de las obras públicas.
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El Gobierno dispuso una fuerte reforma del sistema de transporte de gas que tendrá impacto en el uso de la capacidad de los gasoductos, los costos y el rol del Estado en las obras de expansión.
Mediante la resolución 66/2026, la secretaría de Energía estableció una serie de lineamientos para la reconfiguración del sistema de transporte de gas, que entrarán en vigencia cuando los organismos regulatorios dicten las normas correspondientes. Se trata de una medida con el espíritu de reducir la presencia del Estado para incentivar la inversión privada, similar a la reforma del mercado eléctrico.
El corazón de la reforma, que lleva la firma de María Tetamanti, es la reasignación de la capacidad de transporte en los gasoductos troncales entre las distribuidoras y el costo que tienen las distintas “rutas” entre las cuencas y los centros de consumo.
De la misma manera, se instruye a las empresas estatales Enarsa y CAMMESA a rescindir el contrato de transporte en “firme” del ex gasoducto Kirchner -rebautizado Perito Moreno- y de todo contrato en compañía pública que el Gobierno quiere cerrar “impida el uso eficiente” de las capacidades.
Otro aspecto relevante es que se oficializa la baja del programa Transport.ar, mediante el cual el Estado había planificado una serie de obras para la expansión de los gasoductos troncales, que ahora se definirá por la iniciativa privada.
En el anexo, el nuevo esquema se fundamenta en los cambios estructurales del sistema, básicamente por la preeminencia de la formación Vaca Muerta, como cuenca principal y el nuevo sentido del transporte por las obras incorporadas en los últimos años, que “han modificado sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue diseñado el esquema contractual vigente”.
Un especialista explicó a El Post Energético que los cambios son de tal magnitud que es como si se “destruyera” el sistema de transporte de gas y se volviera a “armar de cero” y consideró que uno de los focos de la reforma es la exportacion de gas.
A juicio de este experto, los usuarios del norte pagarán más por el transporte de gas, ya que les cobrarán todo el costo de llevarlo desde Vaca Muerta, mientras que hasta ahora se hacía un cálculo para cuenca, pero por el declive -casi definitivo- de la cuenca norte y el fin de las importaciones de Bolivia, las provincias del noroeste no tienen otra alternativa que abastecerse con gas neuquino.
Asimismo, el nuevo reparto de los volúmenes entre las distribuidoras deja ganadores y perdedores, en particular las del AMBA y el centro del país, mientras que las del norte podrán acceder a más capacidad. Por último, la derogación de un decreto 689/2002, dictado en el marco de la emergencia económica,implica la dolarización de toda la energía, ya que ningún contrato entre productores, privados y distribuidoras – sujetos del sistema- será en pesos.
