El Gobierno aplicó una suba del 2,5 % en el costo del biodiésel y del bioetanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, lo que representa casi el doble respecto al incremento aplicado en enero, que impactará en los surtidores.
El Gobierno aplicó una suba del 2,5 % en el costo del biodiésel y del bioetanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, lo que representa casi el doble respecto al incremento aplicado en enero, que impactará en los surtidores.
Por
En el comienzo del segundo mes del año, el Gobierno dispuso un incremento de 2,5 por ciento en los precios de los biocombustibles para el corte obligatorio que realizan los refinadores, lo que representa casi el doble que el aumento aplicado durante enero, cuando se dispuso un 1,3% de suba.
Mediante la resolución 24/2026, la cartera que conduce María Tettamanti, estableció desde febrero en $1.842.796 el precio por tonelada de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil, lo que implica un ajuste del 2,5 por ciento respecto al valor vigente el mes pasado.
Asimismo, la cartera energética fijó, a través de la resolución 25/2026, el precio mínimo por litro de bioetanol a base de maíz en $917,323 y el de caña de azúcar en $1.000,868, lo que redunda en un incremento del 2,5 por ciento para ambos productos para la mezcla obligatoria con nafta.
Estos nuevos valores en los precios de biocombustibles y bioetanol impactarán en los precios de los combustibles que llegan a los usuarios en el surtidor, sumando un nuevo factor de presión sobre la inflación mensual.
Respecto a esto, desde la actividad azucarera y del bioetanol, la resolución fue recibida como un respaldo clave para sostener la producción, el empleo y las inversiones, especialmente en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy, donde la caña de azúcar y sus derivados cumplen un rol central en la economía regional.
Por los reclamos de los productores, a fines de 2025, el Gobierno aplicó una fuerte suba para el biodiésel -de más de 6 por ciento- pero a la vez redujo de 7,5 a 7 por ciento el corte obligatorio para mitigar el impacto en surtidores.
