La Cancillería rechazó por “ilegal” la “decisión final de inversión” de la británica Rockhopper y la israeló Navitas Petroleum para poner en producción el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, por no contar con permisos de una autoridad argentina.
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Casi a contramano de su política exterior, que suele encolumnarse sin fisura a los lineamientos de Estados Unidos e Israel, el Gobierno de Javier Milei expresó su rechazó al anuncio de inversión conjunta de la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum para comenzar a producir crudo off shore en las Islas Malvinas.
La petrolera israleí informó a la Bolsa de Tel Aviv que planea desembolsar en una primera etapa 1.170 millones de dólares en ese bloque, descubierto en 2010 y con una extracción potencial de 819 millones de barriles de petróleo.
La Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, emitió un comunicado en el que consideró que ambas compañías son licenciatarias “ilegítimas” porque no cuentan con un permiso otorgado por una autoridad competente argentina para explotar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
“La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”, prosigue el texto y recuerda que dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Asimismo, el comunicado señala que Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años a través de la Resolución S.E. N° 456/2013.
Por su parte, Navitas Petroleum fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes. “La República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, finaliza.
