Una diputada del Frente Renovador presentó un proyecto, que generó el rechazo de YPF y las cámaras del sector., para que se den a conocer los aumentos 72 horas antes de su aplicación.
Una diputada del Frente Renovador presentó un proyecto, que generó el rechazo de YPF y las cámaras del sector., para que se den a conocer los aumentos 72 horas antes de su aplicación.
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La diputada Ayelén Rasquetti presentó un proyecto de Ley en la Legislatura Bonaerense para obligar a las petroleras y a los estacioneros a informar sus cambios en los precios con 72 horas de anticipación: “No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos“, sostuvo la legisladora del Frente Renovador.
La comisión de Servicios Públicos de la cámara baja provincial aprobó por mayoría el proyecto de Rasquetti, que será tratado la próxima semana en la comisión de Legislación. Pese al rechazo de la petrolera argentina YPF y de otras cámaras y federaciones, se estima que en 15 días podrá ser sometido a votación en el recinto.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, expresó preocupada la autora del proyecto.
Hasta junio de este año, en Argentina existía una Ley nacional que obligaba a las abastecedoras y expendedoras de combustible a comunicar los aumentos. Sin embargo, el gobierno Nacional derogó esa norma, como parte del proceso de desregulación, con la justificación que los avances tecnológicos y la competencia del mercado resultaban suficientes para garantizar la transparencia, sin necesidad de intervención estatal.
En el caso de YPF, que cuenta con el RRR% del mercado, la decisión de la compañía a cargo de Horacio Marín fue dejar de informar los aumentos a partir de agosto de este año, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores de acuerdo a la demanda. De esta manera, se produjo un vacío de información y “dejaron a los consumidores a merced de los empresarios, que entre gallos y medianoche deciden cambiar las tarifas de los combustibles”, dijo Rasquetti.
Según prevé el proyecto, el incumplimiento de la ley por parte de las petroleras, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, podrá aplicarse además la suspensión temporaria de la habilitación comercial. En tanto, en el caso de incumplimiento por parte de las estaciones de servicio, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 100 y 500 litros de nafta súper.
