En una nota enviada al Gobierno Nacional, Figueroa y Weretilneck exigieron una mayor participación de las provincias en e diseño de los pliegos de concesión.
En una nota enviada al Gobierno Nacional, Figueroa y Weretilneck exigieron una mayor participación de las provincias en e diseño de los pliegos de concesión.
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Con la prórroga por un año y el llamado a concurso que estableció el Gobierno Nacional el pasado 11 de agosto pasado, a través del decreto 718/2024, para los contratos ya vencidos de las centrales hidroeléctricas del Comahue, no alcanzó para aplacar los ánimos de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Se trata de las concesiones, que vencieron el 11 de agosto, de la represas de El Chocón (1220 MW), Arroyito (120 MW), Cerros Colorados (450 MW) y Alicurá (1000 MW), además de la de Piedra del Águila (1440 MW), que vence el 29 de diciembre.
La nueva normativa indica que “dentro de los 180 corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto se llamaría a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas”.
En este contexto, tanto desde Neuquén como de Río Negro dijeron oportunamente que “vamos a estar más que expectantes de lo que vaya a pasar en estos 180 días hasta que lancen la licitación y los cambios regulatorios”.
El propio Figueroa, reiteró a través de una carta al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, el dominio de las jurisdicciones provinciales de los recursos hídricos.
Solicitó al organismo nacional la celebración de un acta acuerdo tripartita –Nación y provincias- con el objetivo de avanzar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones que regirán el concurso y eventuales nuevas concesiones de generación de energía eléctrica para los complejos hidroeléctricos “Chocón – Arroyito”, “Cerros Colorados”, “Piedra del Águila”,“Alicurá” emplazados en los ríos Limay y Neuquén.
El gobernador neuquino renovó así la necesidad, como estados provinciales, de participar del proceso de concesión, prórroga y/o autorización relativa a la explotación de los mencionados complejos hidroeléctricos y se insistió en que las nuevas concesiones deberán adecuarse a las normativas de las provincias, Neuquén y Río Negro, relacionadas con el manejo y uso de las aguas y la protección del ambiente, “y cuyo dictado constituye una prerrogativa inalienable de las jurisdicciones provinciales titulares del dominio originario de los recursos hídricos involucrados a la luz del art. 124 de la Constitución Nacional, y concordantes de las Constituciones de las Provincias”.
Se solicitó además que, teniendo en cuenta que se encuentra en curso el plazo de 180 días corridos fijado para el llamado a concurso en el art. 6° del decreto, se brinde respuesta a la presente en el término de diez días corridos de recibido el pedido.
“Reiteramos que las Provincias se reservan el derecho a iniciar, a la luz de los art. 121, 124 y ccs. de la Constitución Nacional y concordantes de las respectivas constituciones provinciales, las acciones judiciales correspondientes, incluyendo, sin limitación alguna, el planteo de inconstitucionalidad de los artículos 6º, 11º y 14º y ccs. de la Ley 15.336; y de cualquier reglamento (incluido, sin limitación, el Decreto) y/o acto administrativo del Estado Nacional (incluyendo la SEN, ENARSA/o cualquier otra sociedad directa y/o indirectamente participada por cualquiera de esta últimas) que tenga por finalidad definir el destino de los recursos hídricos en la cuenca de los ríos Neuquén y Limay sin la participación ni consentimiento previo y expreso de las Provincias (que tienen el dominio y la jurisdicción correspondiente sobre sus recursos)”, expresó el texto de la nota enviada por el gobernador neuquino.
