El Partido Justicialista cuestionó la reforma del mercado eléctrico y denunció que la privatización de empresas es un “negociado”.
El Partido Justicialista cuestionó la reforma del mercado eléctrico y denunció que la privatización de empresas es un “negociado”.
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El Partido Justicialista criticó en duros términos el programa energético del gobierno de Javier Milei y advirtió que “pone en riesgo el funcionamiento del sistema”.
El documento, elaborado por la Secretaría de Energía del PJ asegura que las reformas en curso impulsadas por el gobierno nacional para desregular la economía y reducir la presencia del Estado “proyecta un escenario de ajuste incertidumbre y de fuerte restricción al crecimiento económico”.
El texto recuerda que “en línea con los exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la gestión libertaria decretó el retiro del Estado de la planificación y el financiamiento de las obras de infraestructura para pasar a un esquema donde sólo exista la iniciativa privada” y agrega que: “De esta manera, el gobierno nacional busca que la ampliación de la infraestructura energética fundamental para el desarrollo de la economía nacional dependa exclusivamente de la ecuación económica del inversor”.
“El abandono de la planificación centralizada y su reemplazo por una visión que prioriza sólo aquellas iniciativas con rentabilidad asegurada o con potencial exportador, profundiza los desequilibrios económicos regionales y relega a amplias zonas de nuestro territorio nacional”, prosiguen.
En esa línea, el texto explica que “como consecuencia de la imposición de este modelo, el gobierno de Javier Milei abandonó un ambicioso plan de inversión que incluía el proyecto de transporte de energía eléctrica AMBA I (con financiamiento de la República Popular China por USD 1.100 millones), el Plan Federal de Ampliación de Transporte Eléctrico III (con financiamiento garantizado de USD 1.000 millones del BID y el Banco Europeo) y la adjudicación de 3.340 megavatios térmicos con financiamiento privado”.
“Para la ampliación del transporte eléctrico, la Secretaría de Energía de la Nación sancionó recientemente la Resolución 311/2025 que establece las nuevas condiciones para la concesión de la obra pública. En tanto, para el mercado de gas natural las actuales autoridades cancelaron el plan Transportar, que incluía -entre otras importantes obras- la realización del segundo tramo del GPM (ex Gasoducto presidente Néstor Kirchner), para dar lugar a una iniciativa privada, aprobada a través del Decreto 1060/2023, que dispone su virtual privatización y la entrega de los volúmenes de gas excedentes”.
“A su vez, como parte constitutiva del nuevo régimen, la desregulación del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) amenaza con incrementar sustancialmente el costo de abastecimiento para la economía argentina, constituyéndose como una nueva fuente de incertidumbre y un serio impedimento para cualquier programa futuro de desarrollo”, sostienen.
Privatizaciones
“Por otro lado, el plan de privatizaciones de las empresas del Estado Nacional, enmarcado en el nuevo paradigma, constituye en rigor un enorme negociado que redundará en un encarecimiento de la energía para la economía argentina. Esta entrega incluye activos estratégicos fundamentales como las centrales hidroeléctricas del Comahue, las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano (propiedad de ENARSA), Transener (transporte eléctrico en extra alta tensión) y de la empresa encargada de administrar nuestras centrales nucleares –Nucleoeléctrica Argentina”.
“La ausencia de resultados positivos concretos de las reformas mencionadas proyecta un complejo panorama para el funcionamiento del sector energético. A su vez, los evidentes y profundos desequilibrios macroeconómicos del programa de gobierno amenazan con tornar inviable el nuevo esquema de funcionamiento sectorial”, advierten.
“En este contexto, resulta urgente y necesario que las autoridades nacionales modifiquen el rumbo de las políticas implementadas con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del sistema y trazar un horizonte con una planificación sectorial coherente con el desarrollo de la economía nacional, asegurando el acceso a la energía en forma asequible y segura a todos los habitantes de nuestro país”, concluye el documento.
