El gobernador Ignacio Torres anunció que pedirá el levantamiento del embargo que afecta las acciones de la provincia luego de la nacionalización de la petrolera en 2012.
El gobernador Ignacio Torres anunció que pedirá el levantamiento del embargo que afecta las acciones de la provincia luego de la nacionalización de la petrolera en 2012.
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La provincia de Chubut decidió meterse de lleno en el conflicto por el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó a la Argentina transferir el 51 por ciento de las acciones de YPF al Fondo Burford, por un presunto perjuicio cuando la petrolera fue estatizada en 2012.
El gobernador Ignacio Torres anunció que la provincia se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para solicitar el levantamiento del embargo ordenado Preska sobre las acciones de YPF, de la cuales Chubut como productora de hidrocarburos tiene alrededor del 4,2 por ciento del paquete accionario.
“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, advirtió Torres en un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado del vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, grabado en la puerta de la histórica administración de YPF en Comodoro Rivadavia.
Torres aifrmó que “vamos a defender lo nuestro tanto de la demagogia kirchnerista como del atropello de un fallo de una jueza estadounidense que, por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF”.
El gobernador explicó que “el 51% era para el Estado nacional y el 49% para las provincias petroleras nucleadas en la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) de acuerdo a una distribución hecha sobre pautas de producción”, y aclaró que “en el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut”.
“Al tener participación accionaria en YPF, nos vamos a presentar y solicitar que se levante el embargo de las acciones de Chubut porque nuestra provincia no es parte demandada y no está condenada”, afirmó.
En otro tramo, Torres criticó la “desprolijidad” de las anteriores gestiones provinciales que “nunca mandaron a protocolizar ni hicieron aprobar por Ley” el acuerdo suscripto en 2012 con el Gobierno Nacional que establecía la transferencia del 49% de las acciones a los Estados productores en función de la producción.
“Ese acuerdo nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, indicó. También cuestionó “los pésimos resultados de la negociación llevada adelante en aquel año, donde Mendoza se llevó el 20% y a Chubut, que desde hacía varios años era la primera productora de petróleo del país, le dieron solamente el 8%” (sobre el 49% de las provincias).
