El ENRE convocó a debatir las tarifas que regirán hasta 2029. Se espera el llamado para Edesur y Edenor hacia fines de noviembre.
El ENRE convocó a debatir las tarifas que regirán hasta 2029. Se espera el llamado para Edesur y Edenor hacia fines de noviembre.
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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a audiencias públicas para avanzar en la Revisión Tarifaria Quinquenal para las empresas transportistas de energía eléctrica, segmento regulado por el Estado Nacional, donde se discutirán los nuevos cuadros que tendrán vigencia desde 2025 hasta 2029.
La primera se realizará el martes 5 de noviembre desde las 8,30 y se abocará a las empresas Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transcomahue y Epen. Cada una deberá presentar el estado de los activos que operan, el nivel de tensión, las amortizaciones acumuladas hasta fines de 2023, sus valores, la vida útil prevista, los costos proyectados para los próximos cinco años, un plan de inversiones y el cuadro tarifario requerido. Luego, el ENRE que encabeza el interventor Darío Arrué, definirá los cuadros tarifarios.
En tanto, se espera que en breve se realice la convocatoria para los aumentos para las distribuidoras Edenor y Edesur -las únicas que controla el Gobierno Nacional- para fines de noviembre.
De esta manera, con una suba que para algunos segmentos de usuarios acumula una suba superior al 600 por ciento, la Secretaría de Energía, que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo, busca establecer un sendero de aumentos para los próximos años en línea con lo establecido en los contratos originales, ya que la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) es un mecanismo e contempladoen la ley 24.065 que regula al sector eléctrico, pero desde su sanción en 1992 fueron pocos los años en los que se cumplió con esa normativa.
La última revisión quinquenal se dio hace ocho años, a finales de 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. En ese entonces, la Revisión Tarifaria Integral (RTI) iba a estar vigente entre 2017 y 2022, pero la crisis económica que se inició en 2018 llevó a que ese mismo gobierno dispusiera su suspensión.
